El consejero de Urbanismo, José María Mazón, advirtió ayer al alcalde de Miengo, Avelino Cuartas, que está «en sus manos» dar «pasos fáciles» que sirvan para solucionar «definitivamente» la situación de algunas viviendas ilegales, por lo que le pidió que colabore en la comisión de seguimiento del Plan de Derribos del Ejecutivo. Mazón confirmó que Cuartas remitió un escrito a la Consejería en el que declinaba participar en la comisión de seguimiento, al entender que el Ayuntamiento no fue responsable de las viviendas con sentencias de demolición.
El consejero señaló que «tampoco el Gobierno es responsable» de la situación de «muchas» de las viviendas con sentencias de derribo y, sin embargo, «es parte» en el proceso que se ha iniciado para dar una solución. «El Gobierno está colaborando para facilitar y lo menos que se le puede pedir a un ayuntamiento es que colabore», subrayó Mazón.
El titular de urbanismo añadió que el caso de Miengo es «especialmente llamativo» porque, según aseguró, la solución para las viviendas con sentencias de derribo «está en manos del alcalde».
El alcalde se reafirma
Cuartas respondió ayer mismo a las declaraciones de Mazón reafirmándose en su postura. Insistió que su Ayuntamiento es «víctima» de las sentencias de derribo y aclaró que «no es que me niegue a colaborar en la comisión de seguimiento, sino que en mi caso no creo que deba participar porque la solución de ambos casos no pasa por este Consistorio».
Según Mazón el problema de las 20 viviendas en la playa de Cuchía se podría «arreglar» si el Consistorio concediera la licencia, algo «que el Gobierno no puede hacer y que está en manos del Ayuntamiento». Cuartas respondió que en este caso es el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria quien debe determinarse, ya que es responsabilidad suya y no del Ayuntamiento de Miengo. Una vez más recordó que «nosotros lo hicimos correctamente, no nos equivocamos con la Ley de Costas, sino que fue el TSJC quien cometió un error, como dijo el Supremo».
En cuanto a las 90 viviendas en la urbanización Las Arenas, Mazón resaltó que son «legalizables» y apuntó que el Ayuntamiento debe «dar los pasos» necesarios en su plan general. Por su parte, el alcalde no elude responsabilidades en este caso, pero le recuerda al consejero que fue la Comisión Regional de Urbanismo (CRU) la que, en mayo de 1992, concedió la licencia, ignorando que el Ayuntamiento había notificado deficiencias.
Por este motivo es por el que alega que,en este caso, la solución debe darla el Gobierno de Cantabria, como emisor de esa licencia. Asimismo, Cuartas señala, que aun conociendo esta situación, que data de hace casi veinte años, el Gobierno ha calificado parte del suelo que ocupan estas viviendas como de «protección ecológica», complicando aún más la situación.
