Los afectados por la ejecución de sentencias de derribo en Cantabria anunciaron ayer su propósito de denunciar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pues dicen que sus actuaciones «suponen de hecho un boicot a cualquier procedimiento de solución para los afectados».
Según Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), esta última providencia de la Sala «es una aberración jurídica» y «supone hacer daño a gente que la Sala sabe que no tiene ninguna responsabilidad». Esta situación se estaría produciendo, según Vilela, con carácter sistemático.
«Nosotros vamos a pedir al Consejo General del Poder Judicial que investigue las actuaciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria porque pensamos que está siendo manifiestamente injusta con los afectados», añadió el presidente de la asociación que agrupa a la práctica totalidad de los afectados por la ejecución de sentencias de derribo en Cantabria.
Reunión de vecinos
Antonio Vilela hizo estas manifestaciones en el transcurso de una reunión celebrada por los integrantes de la comunidad de propietarios de la Urbanización Pueblo del Mar I (Argoños), convocada con el fin de analizar la situación del alcantarillado de la comunidad. En el transcurso de ella sus integrantes tuvieron conocimiento del contenido de la providencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, en la que se desestima la capacidad del Plan de Actuación del Gobierno de Cantabria como herramienta válida para posponer la ejecución de las sentencias, legalizar parte de los inmuebles sujetos a sentencia de derribo y establecer compensaciones para los propietarios de los restantes, y hacerlo, además, con carácter previo al desalojo de sus viviendas. A la reunión asistieron un centenar de personas.
«En la providencia sobre Pueblo del Mar I -añade Antonio Vilela- encontramos situaciones increíbles, como decir que el Gobierno de Cantabria no es parte obligada en el cumplimiento de la sentencia, cuando el propio TSJC le declara responsable solidario, junto con los ayuntamientos, de los daños morales causados a los afectados».
«Dentro de las urbanizaciones con posibilidad de legalización, Pueblo del Mar cumple todos los parámetros», según Vilela, puesto que «está construído en suelo urbano consolidado; la propia sentencia no ordena el derribo de las 78 viviendas, sino que sólo hablaba de 14 y es el auto el que ordena derribar 78; y además la sentencia se basa en un conflicto de lindes que ya está solucionado».
Suelo urbano
Según el portavoz de los afectados, la situación está llena de contradicciones: «Estas casas las van a tirar y podemos volver a construir, porque es suelo urbano consolidado. Es más, ahora hay 78 casas y según la volumetría prevista en el Plan General (PGOU) de Argoños se pueden construir hasta 112 casas. Se van a tirar las casas, las van a pagar todos los cántabros y, seguido, sobre ese suelo, se va a volver a construir, y más. Es absurdo».
A juicio de Vilela, sorprende que el TSJC haya utilizado esta urbanización para emitir su primer pronunciamiento acerca de la vigencia del Plan de Actuación, pues Pueblo del Mar I era la urbanización que menores inconvenientes mostraba a la hora de su legalización. «Están poniendo todos los impedimentos posibles para encontrar soluciones para los afectados», explica, en referencia a los esfuerzos contenidos en el Plan de Actuación para 'minimizar' el coste humano y social derivado de la aplicación de las sentencias.
Por ello, Antonio Vilela sostiene que «los autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC suponen una crueldad hacia los afectados».
