Hace siete meses, las ilusiones de los afectados por la ejecución de sentencias de derribo en Cantabria pasaban por conocer el contenido del Plan de Actuación elaborado por los técnicos de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, a instancias del Parlamento de Cantabria. Ayer pasaban por su ejecución, hasta conocer la providencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha caído como un jarro de agua fría sobre los afectados. No obstante, fuentes de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo aseguraron ayer que el titular de este departamento, José María Mazón, tiene previsto celebrar entre el 15 y el 19 de febrero la reunión constitutiva de la comisión de seguimiento del Plan, pese al pronunciamiento del TSJC.
El Plan de Actuación, elaborado por la Consejería a instancias del Parlamento de Cantabria, contiene un detallado análisis de la situación judicial de cada sentencia y propone distintas medidas en cada caso. Preveía la legalización de 420 edificaciones y el establecimiento de mecanismos de compensación para los propietarios de las 154 restantes.
Rectificar situaciones
En el primer caso, no se trataba de no ejecutar las sentencias, sino de hacerlo mediante la legalización de los inmuebles, es decir, recitificando aquellas situaciones (zonificación del PORN, ausencia de estudio de impacto paisajístico...) que dieron lugar a que los tribunales declararan ilegales las licencias de obra aprobadas por los ayuntamientos y por la Comisión Regional de Urbanismo (CRU).
En el segundo caso, el de las compensaciones a los afectados, se planteaba la posibilidad de compensar a los propietarios mediante figuras urbanísticas tales como el denominado 'sistema general de espacios libres', que implica la recalificación de terrenos en un lugar alternativo del término municipal -mediante la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)- para proceder a construir nuevas viviendas sobre ellos, e intercambiarlas con las derruídas. Esta solución se propone para urbanizaciones como La Arena, en Isla (Arnuero), y Cerrias, en Liencres (Piélagos).
Plazos y costes
El Plan de Actuación también contemplaba plazos y costes. Los plazos más elevados se elevaban a seis años y medio. Los costes a 23 millones de euros. Con ellos, la administración regional y las municipales eludirían tener que hacer frente a indemnizaciones por importe de 219 millones de euros, además de evitar el coste social y humano que supondría desalojar a 575 familias para proceder al derribo de sus viviendas.
