Glen aparece entre los árboles. Viene del río, pero no de bañarse. Ronda los seis años, sólo viste viste calzoncillos y tiene una mirada orgullosa y retadora.
-¿Qué llevas ahí?
-Piedras.
-¿Y para qué?
-Para la policía- y las muestra al tiempo que exhibe un biombo (tirachinas) del tamaño de su brazo.
El calor es húmedo y pegajoso, pero la lluvia ha dado una tregua. En el ambiente hay excitación y, al tiempo, cierto alivio. Los hombres se mueven de un grupo a otro, de un líder a otro, mientras el rey Valentín observa y escucha. Las mujeres y muchos niños ya han tomado asiento bajo un gacebo comunitario cuyo techado de palma sin concluir habla de provisionalidad. Es 16 de noviembre de 2009 y ayer llegó la noche sin que la nueva amenaza de desalojo se cumpliera sobre las comunidades indígenas naso de San San y San San Druy, en Panamá. Ocho meses antes, el 30 de marzo, no hubo tanta suerte y las palas echaron las casas al suelo y destruyeron gran parte de lo que había en ellas. Hoy, sin embargo, es tiempo de cuadrar estrategias, de informarse, de unirse y de hablar. También está de visita el presidente de la comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional, Leopoldo Archibold. Habrá promesas, pero pocos hechos. Hoy ronda la tentación de tener esperanza, esa que caerá en picado cuando tres días después, el 19 de noviembre, a pesar de los recursos ante organismos internacionales y las advertencias de ilegalidad ante los juzgados, los naso se enfrenten a un nuevo desalojo. De nuevo los antimotines, las palas, las casas derribadas y los gases lacrimógenos. De nuevo el miedo y la impotencia. La justicia es lenta, pero en Panamá parece congelada.
En un lado de esta desigual pelea se encuentra Ganadera Bocas, empresa del potentado panameño Mario Guardia, salpicado de algunos escándalos de corrupción, que esgrime títulos de propiedad oficiales sobre unas tierras que los naso habitan y cultivan desde hace décadas. En el otro, una comunidad indígena que reclama derechos ancestrales y trata de defender su precaria economía y su amenazada cultura. Apenas 190 hectáreas son el litigio entre vacas e indígenas.
En el mundo hay guerras públicas, mediáticas, cartas en una partida global de intereses políticos, económicos y de dominación. Y hay otras guerras, sin nombre, silenciosas, donde la ignorancia y la indiferencia del resto del mundo se convierten en el arma más peligrosa. La batalla de los naso y las comunidades de San San y San San Druy es uno de esos ejemplos.
Los últimos
Los naso son uno de los ocho grupos indígenas que habitan Panamá junto a los ngäbe, buglé, kuna, emberá, wounan, bokotá y bri bri. En el caso de los naso apenas quedan 4.000 individuos repartidos en 164.000 hectáreas y 11 comunidades. Se asientan en la provincia de Bocas del Toro, cerca de la frontera con Costa Rica, en el entorno del Río Teribe (la 'gran abuela' en naso) y el Parque Internacional La Amistad, uno de los bosques tropicales más importantes de Mesoamérica. Sobreviven apoyados en una economía de subsistencia con cultivos de plátano, cacao y arroz, la venta de madera, y la cría de algún cerdo y gallinas. Algunos hombres trabajan fuera de las comunidades y cuentan con escuelas de primaria, pero si los niños y niñas quieren seguir sus estudios tiene que viajar kilómetros para hacerlo.
Desde los años 60 los naso reclaman la constitución de una Comarca Naso que los sucesivos gobiernos han evitado. La Comarca es una constitución político territorial que sí tienen otras comunidades indígenas del país, lo que les permite cierto autogobierno, y que regula la propiedad de forma comunitaria.
Hace un año las comunidades de San San y San San Druy se ordenaban con armonía en pequeños grupos de casas. Había centro de salud, escuela, un templo cuadrangular y se había concluido un centro cultural con ayuda de National Geographic donde algunos niños podrían, además, continuar sus estudios a través de un sistema de telescuela. El 30 de marzo, el primer desalojo violento echó abajo la iglesia, el centro cultural, el comedor comunitario y una treintena de casas que habitaban casi 200 personas.
150 policías antimotines ejecutaron una orden de desalojo repleta de inconsistencias de la Corregidora de Changinola a petición de Ganadera Bocas que acusaba, y acusa, a los naso de ocupar su propiedad. Por el camino disparos, tensión y gases lacrimógenos que afectaron a numerosos niños que tardaron 24 horas en ser tratados. El 19 de noviembre pasado se repitió el desalojo, los gases y el miedo. Los indígenas estaban más preparados, pero las casas que habían comenzado a reconstruir fueron de nuevo derribadas. Otra vez los antimotines y las palas de Ganadera Bocas. De nuevo un campamento de resistencia -levantado con los restos del desalojo y la solidaridad de algunos panameños- en el que las familias luchan desde entonces.
Atrás quedaban esas tímidas esperanzas y ocho meses de reclamaciones, lucha, negociaciones con el Gobierno y promesas incumplidas. Atrás quedaba una huelga de hambre, la detención de varios líderes, y un campamento de protesta a muchos kilómetros del río Druy, en la Plaza Catedral de ciudad de Panamá -en la retaguardia de un Palacio Presidencial ciego a las protestas- que mantuvo durmiendo a la intemperie durante cinco meses a un buen número de nasos.
Las bananeras
Ganadera Bocas S.A. aduce títulos de propiedad otorgados por el Estado y mapas que asegura demuestran la propiedad de esas tierras, que fueron adquiridas en los años 60 a la United Fruit Company, la empresa bananera que se hizo con inmensas cantidades de terrenos en todo Centroamérica y cuyos intereses movían gobiernos. Las acciones legales y los argumentos que esgrimen los nasos aducen que ellos ya estaban allí, es decir, su tenencia tradicional de la tierra. La batalla legal se centra en probar este asentamiento, determinar los límites reales de la propiedad de Mario Guardia y, ahora también, en demostrar la ilegalidad de los desalojos e invalidarlos. La batalla política se dirige al reconocimiento de la Comarca Naso y los derechos de las comunidades indígenas. Mientras, el Gobierno de Ricardo Martinelli ha ofrecido realojos y crear una 'zona especial', no una comarca, lo que reduciría a la mínima expresión sus derechos sobre la tierra y el poder de decisión sobre su futuro.
Ahora, ante la presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Organización de Estados Americanos) y de Naciones Unidas se vive una tensa calma. Sobre el terreno, seguridad privada e indígenas se vigilan mutuamente sin conocer cuál es el siguiente movimiento. En el aspecto político hay tímidas negociaciones, pero pocos resultados. Se hablan lenguajes muy diferentes. Para los naso, el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, el responsable del caso, es el «nuevo Hitler panameño». Mulino, por su parte, considera que los indígenas son «holgazanes, que viven en condiciones paupérrimas porque así lo quieren».
Oídos sordos
Esta es una de esas guerras silenciosas, en las que, además, se hacen muchos oídos sordos. Empezando por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (derechos indígenas), siguiendo por el artículo 10 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, y a los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Oídos sordos a comunicaciones expresas de las Naciones Unidas, como las del relator especial para los Pueblos Indígenas, James Anaya, en las que de nuevo en noviembre, como ya hizo en abril, reclamó a las autoridades panameñas vías de entendimiento sobre la base del respeto a los derechos humanos, soluciones pacíficas, y medidas para esclarecer los hechos violentos del desalojo. También nueve organizaciones sociales de Panamá denunciaron públicamente la vulneración de derechos del pueblo naso y los desalojos violentos «sin garantías», y exigieron al Gobierno el respeto de sus derechos territoriales, culturales, económicos y políticos y la apertura inmediata de una mesa de diálogo. El director de Política Indigenista de Panamá, José Isaac Acosta, cree que la CIDH exagera la situación de la etnia naso.
