El presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, aseguró ayer que todas sus declaraciones acerca del funcionamiento de los órganos judiciales en Cantabria «están realizadas desde el respeto, pero también desde el dolor como víctima». «Respetamos a la Justicia, pero algo muy grave tiene que pasar para que la pena recaiga siempre sobre familias inocentes y no sobre las administraciones culpables», añadió Antonio Vilela, que el pasado domingo llamó la atención en este periódico acerca del comportamiento mostrado hacia los afectados por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
«Los miembros de AMA no imputamos ninguna intencionalidad a las resoluciones judiciales: juzgamos sus consecuencias para nuestras familias y estas, en muchos casos, son devastadoras. Durante los últimos años, todas las resoluciones judiciales ejercitadas por el TSJC han tenido graves consecuencias para todos nosotros, sintiéndonos dolidos y desamparados», añade el presidente del colectivo que agrupa a la práctica totalidad de los afectados por la ejecución de sentencias de derribo en Cantabria.
No obstante, «seguimos confiando en la Justicia -añade Antonio Vilela- y esperamos que la misma pueda resarcir a las víctimas del daño que están sufriendo». «No compartimos ni comprendemos la providencia del TSJC sobre Pueblo del Mar -en ella se ignora el Plan de Actuación del Gobierno de Cantabria y se ordena al Ayuntamiento de Argoños que proceda al derribo de los inmuebles-, pero, como toda resolución judicial, la acatamos», insiste.
En Andalucía
En cuanto al futuro de las acciones que puedan poner en marcha las administraciones regional y municipales con el fin de legalizar algunas de las urbanizaciones afectadas, AMA cree que «el Plan de Actuación del Gobierno de Cantabria es un instrumento útil», por lo que pide al TSJC que «de una oportunidad al Plan de Actuación».
«Solicitamos el mismo tratamiento que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) da a situaciones similares a la nuestra -prosigue Vilela-, ya que con la colaboración de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos afectados, se han regularizado más de 40.000 viviendas en los últimos años. Sólo en dos municipios se han resuelto 13.000 en Marbella y 15.000 en Chiclana», además de que «parlamentos como el de Canarias, Valencia, Galicia... han legislado para proteger a los afectados por las sentencias de derribo».
