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Exculpan al alcalde del delito de prevaricación en el caso de la finca del Obispado

ALFOZ DE LLOREDO

Exculpan al alcalde del delito de prevaricación en el caso de la finca del Obispado

11.02.10 - 00:09 -
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La Audiencia Provincial de Cantabria ha determinado el archivo de la causa interpuesta contra el alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, y su equipo de gobierno, entendiendo que no existen indicios de delito en el hecho de haber aprobado en pleno la modificación puntual de las Normas Subsidiarias del Plan General de Ordenación Urbana, en marzo del 2008, para posibilitar la construcción de viviendas de protección oficial en la famosa finca del Obispado de Cóbreces.
Según determina el auto y aclara el regidor municipal, «en su día se actuó en pro de los vecinos y no movido por intereses particulares», sin haber incurrido en un delito de prevaricación como denunció la empresa promotora, ya que, según resuelve el auto, «no se aprecia esa injusticia manifiesta de desviación de poder en el obrar de los imputados».
De 300.000 euros a 5 millones
Los hechos se remontan al año 2005, cuando el anterior alcalde, Félix Iglesia, de manera verbal acordó con el Obispado la venta de una finca de casi una hectárea a la promotora Orbovisa para la construcción de 40 viviendas de protección oficial. Para ello se acordó que el Obispado vendería los terrenos por el simbólico precio de 300.000 euros, con la condición de que allí se construyesen viviendas protegidas. Pasan los meses y Orbovisa decide vender la finca y la licencia a Fadesa, a un precio aproximado de 800.000 euros quien, a su vez, la vende a Arrendamientos Castilla por tres millones de euros, presentando ésta última un proyecto de construcción para 81 viviendas de precio libre. Con el paso del tiempo la finca parece continuar su carrera especulativa y una nueva empresa, Mirador de Bribur, la adquiere por 4.800.000 euros.
A todo esto hay elecciones de por medio y se produce un cambio al frente del gobierno. El nuevo alcalde, Enrique Bretones, y su equipo de gobierno, determinan atajar este escándalo especulativo e intentar devolver la finca a su estatus inicial para poder proceder a la construcción de viviendas oficiales. Por ello el Ayuntamiento decide iniciar una modificación puntual del desfasado planeamiento urbanístico de 1983.
El lugar ideal
Según el auto dictado por la Audiencia Provincial de Cantabria: «al analizar la legalidad del acuerdo, es decir, si el Ayuntamiento podía o no adoptar el mismo, no se ha puesto en duda su competencia para hacerlo; la cuestión parece referirse al momento en que se hace: después de haber denegado la concesión de una licencia para construir justamente en el mismo terreno», y para justificarlo, continúa, «la propia ley está previendo la posibilidad de que se modifiquen las normas urbanísticas sobre las que haya peticiones de licencias y dispone las consecuencias de tal situación».
Una vez más, el alcalde sale absuelto amparado por la ley. Bretones afirma que «lo que me movió a proceder de tal manera era ver cómo se iba a edificar con vivienda libre la única finca hábil para la construcción de viviendas protegidas, cercana al colegio, a la parada de autobús, al escaso comercio, al parque y al polideportivo», y declaró sentirse «muy satisfecho» con la resolución, «ya que todo se hizo de una forma legal y en beneficio de los vecinos».
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Enrique Bretones. :: DM

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