El Plan de Actuación del Gobierno de Cantabria contiene un catálogo de soluciones para los afectados por la ejecución de sentencias de demolición, que van desde la legalización de 420 viviendas hasta el establecimiento de compensaciones para los propietarios de las 154 restantes, cuyo derribo propone el propio plan.
En el primer caso, el documento plantea los pasos a seguir para rectificar las condiciones que, en su momento, dieron lugar a que los tribunales anulararan las licencias de obra y, en consecuencia, ordenaran la demolición de lo ilegalmente construído. Estas rectificaciones pasarían por modificar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y los planes generales de ordenación urbana de los ayuntamientos afectados.
En cuanto a las compensaciones, el plan propone modificar los planes generales de Arnuero y Piélagos a los efectos de tramitar sendos sistemas generales de espacios libres con los que crear suelo para construir nuevas viviendas para los propietarios de La Arena (Isla) y Cerrias (Liencres), cuyo derribo contempla el plan. De este modo, a los afectados se les compensaría con una nueva vivienda con carácter previo al derribo, a fin de evitar una larga reclamación judicial por las indemnizaciones que, según los expertos, podría prolongarse por espacio de siete años.
La ejecución del Plan de Actuación ha sido valorada en 23 millones de euros. Ahora bien, evitaría a las administraciones -regional y municipales- hacer frente a indemnizaciones por valor de 219 millones de euros, que a algunas de ellas las abocaría inevitablemente a la ruina.
