Los afectados por la ejecución de sentencias de derribo en Cantabria, organizados a través de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), plantearán hoy ante el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, la necesidad de tramitar el Plan de Actuación del Gobierno de Cantabria como proyecto de ley en el Parlamento, como única alternativa para evitar el derribo de las 575 viviendas afectadas por la ejecución de sentencias de demolición.
La comisión de seguimiento celebrará hoy su primera reunión, y lo hará en un ambiente completamente diferente al de hace tan sólo un par de semanas. Entonces se trataba de reunir a a las partes para impulsar las soluciones previstas en el Plan. Ahora se trata de valorar qué utilidad puede tener un documento cuyo contenido ha sido 'tumbado' literalmente por recientes resoluciones -una providencia y un auto- de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
La reunión de trabajo, primera que celebra este órgano, ha sido convocada por el consejero para las 11.00 horas de hoy en la sede de Obras Públicas. Asistirán el titular de la Consejería, José María Mazón; el director general de Urbanismo, Pedro Ángel Gómez Portilla; representantes de los ayuntamientos de Argoños, Arnuero, Escalante, Piélagos y Miengo; y portavoces del colectivo de afectados, aglutinado en torno a la llamada Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).
A ninguno de ellos se le escapa que el Plan de Actuación ha perdido todo su significado a raiz de los últimos pronunciamientos de los tribunales, en los que ordenan a los ayuntamientos de Argoños y Piélagos que, en el plazo máximo de quince días, inicie los trámites administrativos que conduzcan al derribo de las urbanizaciones Pueblo del Mar I (Argoños) y Cerrias I (Liencres).
Respecto al documento, el TSJC sentencia además que «el Plan de Actuación del Gobierno de Cantabria que en su día fue sometido a la consideración de esta Sala no resulta en modo alguno vinculante para la misma». Esta declaración viene a significar que la Sala no considera siquiera la posibilidad de conceder una moratoria en la ejecución de las sentencias, a fin de que desde las administraciones se pueda proceder a legalizar al menos 420 de las 575 viviendas afectadas, como pretendía el Plan de Actuación.
Acuerdo parlamentario
En esta situación, con un plan que exige años de trámites administrativos y un tribunal que ordena derribar en cuestión de días, los afectados ya han hecho público que pedirán al consejero de Obras Públicas, y al Gobierno de Cantabria en general, un cambio de estrategia. En concreto, solicitarán que el documento se tramite en el Parlamento de Cantabria como proyecto de ley, en la confianza de que la iniciativa sería respaldada por los tres grupos políticos con representación parlamentaria, ya que todos ellos, de modo unánime, instaron al consejero a su elaboración a través de un acuerdo parlamentario alcanzado en diciembre de 2007.
También algunos alcaldes se han pronunciado públicamente a favor de una solución de este tipo. Ayer mismo, en este periódico, tanto el alcalde de Miengo, Avelino Cuartas, como el de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, respaldaban esta solución.
En torno a este debate, por tanto, girará la reunión que las tres partes -Gobierno, ayuntamientos y afectados- celebrarán a partir de las 11.00 horas bajo la presidencia de José María Mazón.
Siete meses después
En todo caso, la reunión de trabajo prevista para hoy será la primera oportunidad de que dispongan los afectados para valorar el contenido del Plan de Actuación del Gobierno de Cantabria, que el consejero José María Mazón presentó el pasado 8 de julio de 2009 tanto a los propietarios de las viviendas sujetas a sentencia de demolición como a los grupos políticos del Parlamento de Cantabria y al propio Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
Eso ocurrió el pasado verano. Ahora, siete meses después, las partes tendrán la oportunidad de valorar no sólo las propuestas contenidas en el documento, sino también su propia validez como herramienta para dar una solución a las 575 familias afectadas por la ejecución de sentencias de derribo en Cantabria.
