Los tres grupos parlamentarios (PP, PRC y PSOE) rechazaron ayer la terminología de 'ley de punto final' para dar salida al problema de los derribos de viviendas ilegales, aunque respaldaron el Plan de Actuación del Gobierno.
«Que el Gobierno diga cuál es la solución para evitar dañar a las familias. La propuesta debe partir del Ejecutivo», dijo Francisco Rodríguez (PP). De la Sierra (PRC), por su parte, afirmó que 'ley de punto final' no es posible, aunque dijo «estamos dispuestos a colaborar», e incluso aprobar la modificación de leyes. Francisco Mañanes (PSOE), por último, mostró la disposición de su grupo a colaborar en la solución.
