El Gobierno de Cantabria impulsará la adopción de medidas legislativas como solución al derribo de 575 viviendas en Cantabria, según anunció ayer el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, en el transcurso de la reunión celebrada con los afectados y con los alcaldes de Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo y Piélagos. «Vamos a volcarnos en aprobar una ley que dé solución a todos aquellos casos que puedan ser solucionados», manifestó el consejero tras la reunión.
Para ello, el titular de Obras Públicas trasladará en los próximos días esta propuesta a sus compañeros en el Ejecutivo, en primer lugar, y a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Parlamento de Cantabria, a continuación, antes de proceder a darle la forma jurídica definitiva, cuyos detalles no adelantó. En todo caso, dijo contar para ello con el respaldo del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, porque «desde luego el presidente está en esta línea». «Está muy preocupado, sobre todo tras las sentencias de las últimas semana», añadió.
Se refería José María Mazón a los dos últimos pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) -una providencia y un auto-, en los que se ordena a los ayuntamientos de Argoños y Piélagos que en el plazo de quince días inicien los trámites administrativos que conduzcan al derribo de las urbanizaciones Pueblo del Mar I y Cerrias I. En ambas resoluciones se deja sin efecto el Plan de Actuación del Gobierno de Cantabria, diseñado como una 'hoja de ruta' para legalizar 420 viviendas y compensar a los propietarios de las 154 restantes.
El Plan de Actuación, que fue presentado el pasado 8 de julio de 2009, contemplaba plazos de hasta seis años y medio para resolver todos estos trámites. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC lo ha dejado sin efecto.
Reuniones bilaterales
Según el calendario acordado ayer, los integrantes de la comisión de seguimiento del Plan volverán a reunirse en un mes con el fin de conocer la propuesta definitiva del consejero. Previamente, éste habrá celebrado encuentros bilaterales con los responsables de todos los ayuntamientos y con los portavoces de los grupos políticos de la Cámara.
En ellos tiene previsto valorar tanto las cuestiones de fondo como el formato final de la iniciativa, que podría consistir en una serie de reformas puntuales de leyes en vigor, por ejemplo de la Ley del Suelo, o bien en un nuevo texto legislativo en el que todas las cuestiones se resuelvan en un mismo acto. No obstante, Mazón no precisó una fórmula definitiva, pues advirtió que se manejan distintas alternativas y todas ellas serán estudiadas por los técnicos de su departamento y por los servicios jurídicos del Gobierno a fin de encontrar la más adecuada, en la idea de intentar «que lo que se haga sea legal».
Respecto a los fines de la iniciativa, el consejero aseguró que «cuando una ley entra en vigor, puede hacer que algunas actuaciones del pasado, que no eran legales entonces, ahora sí lo sean». De este modo explica que no se trata tanto de una 'ley de punto final' o una 'amnistía legal', sino de modificar algunos detalles del ordenamiento o el planeamiento -Plan de Ordenación del Litoral, PORN de las Marismas de Santoña, planes generales municipales- que permitan rectificar aquellas condiciones que hicieron a los tribunales declarar ilegales, en su día, las licencias de obra concedidas.
Próximo encuentro
También insistió en la urgencia que requiere la situación. «Vamos a seguir dando pasos y no nos queremos dormir, ni nosotros ni los ayuntamientos», indicó.
De ahí que las partes se hayan marcado como meta resolver todas las cuestiones previas en el transcurso del próximo mes, de manera que a mediados de marzo pueda celebrarse la próxima reunión, ahora con la presencia añadida del consejero de Justicia, Vicente Mediavilla, y de los portavoces de los grupos parlamentarios (PP, PRC y PSOE).
