Los representantes de las 575 familias afectadas por la ejecución de sentencias de derribo en Cantabria valoraron ayer positivamente «la voluntad y el compromiso» del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, aunque también dijeron mostrarse un tanto «escépticos» con los anuncios formulados ayer, porque «todavía no tenemos nada mejor que cuando hemos entrado a la reunión».
Tras dos horas de conversaciones, el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, volvió a defender la idea de «que el Gobierno presente en el Parlamento un proyecto de ley», tal y como insinuó el consejero, y aseguró que «no pedimos nada que no se haya hecho antes en el Derecho Comparado», en alusión a leyes similares tramitadas en los parlamentos de Canarias, Galicia, Baleares, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que han supuesto la legalización de miles de viviendas en esas regiones.
«El tema es que no hay tiempo para dilatar las soluciones», añadió Vilela. «Las viviendas de gente inocente están a punto de caer y las administraciones tienen que dar soluciones. Eso es lo que hay que poner encima de la mesa. Si hablamos de una solución global y no conocemos en qué consiste esa solución global, no hacemos nada», añadió, a la espera de que, en el transcurso del próximo mes, el Gobierno de Cantabria lleve a la comisión de seguimiento una propuesta concreta para tramitar como proyecto de ley en el Parlamento de Cantabria, en la línea de lo expresado ayer, aunque de modo genérico, por José María Mazón.
Por este motivo, el portavoz de los afectados destacó que «la voluntad y el compromiso del consejero ha quedado de manifiesto con estas propuestas y esperamos que cuando lo traslade al Gobierno de Cantabria, sus compañeros las apoyen y no las torpedeen».
En cuanto a la situación de las familias a las que representa, Vilela pidió que la solución legislativa que se presente mejore la seguridad jurídica de los compradores «para que esta situación vuelva a repetirse». «No puede repetirse en Cantabria. Por eso se tiene que legislar: para que haya seguridad jurídica y que cualquiera que compre una vivienda no se juegue la vida como nos ha pasado a nosotros», añadió.
Antonio Vilela también habló de responsabilidades penales, para recordar que «el 99% de los casos han prescrito», pues «las sentencias tienen todas más de diez años». Eso sí, subrayó que «la pregunta que nos hacemos es cómo la Justicia es tan diligente para derribar viviendas de gente inocente y tan lenta como para no exigir responsabilidades a quienes las tienen». «Hay alcaldes que tienen 16 sentencias de derribo, hoy no son alcaldes y jamás han tenido ninguna implicación», concluyó.
