PP y PRC de Piélagos aprobaron ayer una moción con la que reclaman al Parlamento y al Gobierno de Cantabria una modificación de la Ley del Suelo que permita la legalización de las viviendas afectadas por sentencias de derribo o en su defecto la indemnización directa a los propietarios afectados. Una iniciativa adoptada por primera vez en una institución municipal a la que los socialistas no quisieron sumarse, al entender que con ella «se abrirían las puertas a políticas hechos consumados»
Sólo los concejales del PSOE se opusieron a la moción con la que el Pleno del Ayuntamiento de Piélagos requiere al Gobierno y al Parlamento de Cantabria para acometer urgentemente una modificación de la Ley del Suelo «que garantice la seguridad jurídica en Cantabria». PP, PRC y AVIP (Asociación de Vecinos Independientes de Piélagos) se unieron para reclamar de las autoridades competentes lo que se ha dado en llamar 'ley de punto final', una medida que, en definitiva, posibilite la legalización de las cientos de viviendas con sentencia de derribo que existen en la región y de garantías y seguridad jurídica a los ayuntamientos.
Parece claro que populares y regionalistas se unen en la búsqueda de una salida a la situación derivada de las 23 sentencias de derribo (afectan a 575 viviendas) dictadas en Cantabria. La unión en Piélagos de PP y PRC puede poner en una situación complicada al Gobierno regional (PRC-PSOE) al haber quedado de manifiesto la disparidad de criterios entre los socios de gobierno.
La moción
La moción, que fue presentada inicialmente por el grupo popular y suscrita en su totalidad por los dos concejales regionalistas y el representante de AVIP, propone textualmente: «Requerir al Gobierno y al Parlamento de Cantabria para que, en el ejercicio de sus competencias legales, acometan, urgentemente, una modificación de la Ley 2/ 2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo de Cantabria, por la que se reconozca la situación de las edificaciones cuyo derecho se encuentre ya incorporado al patrimonio de sus titulares, que se integren en unidades geográficas homogéneas, cuenten con los servicios necesarios y suficientes y que sean incompatibles con el planeamiento, atribuyéndoles una situación legal o equiparable al de 'fuera de ordenación' con reconocimiento de derecho indemnizatorio por la diferencia de valor que el reconocimiento de esta situación comporta; o bien, en los supuestos en que así sea posible y cuando los terrenos no cumplan los requisitos de suelo urbano, sea admisible su clasificación o reclasificarse como suelo urbanizable, desarrollándose mediante el correspondiente plan parcial o especial, regulándose la participación en los costes de urbanización o bien, en caso contrario, se reconozca una situación legal de fuera de ordenación con derecho indemnizatorio».
En la exposición de motivos se recuerda que «a la vista de la situación actual, en la que el Ayuntamiento de Piélagos debe acometer, de forma inminente, en cumplimiento de los Autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la demolición de las urbanizaciones Cerrias I y Cerrias II de Liencres, y en consideración a la misma situación en la que se encuentran otros municipios de la región, se propone a todos los partidos políticos que manifiesten un firme compromiso de aunar esfuerzos tendentes a garantizar la conservación de los derechos adquiridos y patrimonializados de que disponen los ciudadanos, derivados de la actuación conjunta de las Administraciones Públicas competentes, en aplicación de la legislación vigente».
El alcalde explicó que con esta iniciativa se pretende «resolver el problema» actual de estas edificaciones y «dar seguridad jurídica a Cantabria, porque la situación de Piélagos no es distinta a la que pueden tener los 102 municipios de la región». En este sentido, Pacheco dijo que son las instituciones competentes las que modifican las leyes «y es el Parlamento el que debe hacerlo, igual que procedió a su aprobación». Además, puntualizó que esta misma solución se ha adoptado en Valencia y en Galicia «y si el problema se ha resuelto en otras comunidades debemos intentar resolverlo también aquí de la misma forma».
Otros acuerdos
En la misma sesión, la Corporación aprobó el Informe Previo de Sostenibilidad Ambiental (ISA previo) y el documento de presupuestos iniciales y orientaciones básicas del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos. Estos dos acuerdos son los primeros trámites en la modificación definitiva del Plan General en el que el Ayuntamiento reiterará que los suelos con sentencias de derribo (Cerrias I y II, Entrelindes y L-05) son urbanos.
