Se acabaron los plazos. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha terminado por hacerse cargo directamente del derribo de las viviendas afectadas por sentencias de demolición y, en un auto con muy pocos precedentes, ha encargado a la empresa Tragsa que proceda al desmantelamiento de las doce primeras situadas en el camino del Portillo (Urbanización Santiago Isla), en Argoños. En el mismo auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo exige al Ayuntamiento de Argoños el envío, en un plazo máximo de diez días, de «una relación de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público, a efectos de proceder a su embargo». Nunca en este asunto los tribunales habían llegado tan lejos.
El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC se conoció ayer, un día después de que los portavoces de los tres grupos políticos con representación en el Parlamento de Cantabria hicieran pública su disposición a apoyar una ley para legalizar, si no todas, al menos una buena parte de las viviendas sujetas a sentencia de demolición.
Como vienen observando los máximos responsables de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a la mayor parte de los afectados, «a cada avance para solucionar nuestra situación se corresponde una resolución contraria a los intereses de nuestras familias». «Nosotros -el colectivo de afectados- no presumimos intencionalidad alguna: sólo constatamos cómo se están sucediendo los hechos».
Hasta ahora, un episodio similar sólo se había producido en el municipio de Potes, donde el TSJC ejecutó directamente el derribo de un garage e inhabilitó por espacio de seis meses al entonces alcalde, Alfonso Gutiérrez. Los hechos ocurrieron en el año 1998. Sin embargo, no afectaron a viviendas, como en Argoños, sino a una cobertizo que su propietario utilizaba exclusivamente como garage.
Confusión jurídica
En el auto hecho público ayer, el TSJC insiste de nuevo en la «confusión que se aprecia sobre el valor jurídico del Plan de Actuación», algo que no es nuevo, pues en dos recientes resoluciones -un auto relativo a Cerrias (Piélagos) y una providencia referida a Pueblo del Mar (Argoños)-, ya ignora el contenido del documento elaborado por el Gobierno, y lo desprecia literalmente.
Ahora insiste además en que «no aporta ninguna solución frente a la ejecución de la sentencia dictada en estos autos y por la que se acuerda el derribo de las viviendas ilegalmente construídas».
Por ello «esta Sala acuerda que por la entidad pública Tragsa se proceda a la ejecución subsidiaria de la sentencia con cargo al Ayuntamiento de Argoños», considerando que «el Grupo Tragsa está formado por tres empresas de capital íntegramente público».
Pendientes de una nueva ley
Que el Plan de Actuación del Gobierno de Cantabria no servirá para evitar los derribos es algo que también saben los afectados. Por eso, precisamente, plantearon un cambio de estrategia en su última reunión con el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón. De ella surgió la idea de tramitar un proyecto de ley en el Parlamento, que al mismo tiempo permita legalizar cientos de viviendas con sentencia y suprimir la inseguridad jurídica que pesa sobre miles más en toda Cantabria.
Ayer, los afectados decían lamentar «profundamente» las resoluciones de la Sala y reclamaban «una oportunidad a los proyectos que pueden subsanar los errores cometidos por las administraciones». También insistían en que «la urbanización objeto de derribo está construída en suelo urbano, donde, sin ninguna duda, se volverá a construir», por lo que pedían «no consumar situaciones irreparables».
