La reestructuración del sector financiero es esencial para que fluya el crédito y sin la concesión de préstamos a familias y empresas no habrá recuperación de la economía española. Dirigentes de bancos y cajas coincidieron en este análisis con la directora general del Tesoro en una intensa jornada de debate organizada por APD y Deloitte. Pero también sacaron a la luz sustanciales diferencias. La patronal bancaria urgió una revisión del modelo de las cajas de ahorro e instó a estas entidades a acometer ajustes «sin poner excusas» ni limitarse a «pedir dinero público».
Por su parte, el director general de la Confederación de Cajas y el presidente de Unicaja rebatieron las acusaciones de menor solvencia sectorial al tiempo que reclamaron libertad de actuación, así como más flexibilidad en los instrumentos para captar capital y en la regulación de las llamadas 'fusiones frías' o Sistemas Institucionales de Protección (SIP)
Soledad Núñez, directora general del Tesoro, reiteró el compromiso de una reforma de la Lorca (ley de Órganos Rectores de las cajas de ahorros) «manteniendo las características del sistema». Todo apunta a que, sin abrir el melón de sus aspectos más conflictivos, ni reducir de entrada la cuota política de los consejos y asambleas de las entidades de ahorro, en breve se llevará a cabo una mini-reforma que quitará restricciones a las cuotas participativas y permitirá que en la cúpula de los SIP se instale una agrupación de cajas incluso si las entidades asociadas tienen sucursales en diferentes autonomías. Así se acelerarán algunas integraciones, y las instituciones viables podrán fortalecerse sin acudir a otro tipo de ayudas.
Los poco más de tres meses que faltan para que concluya el plazo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) van a ser insuficientes, reconocieron todos los ponentes. Miguel Martín, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) censuró la actuación del Gobierno por el retraso de la puesta en marcha de este instrumento y porque, dijo, las reformas hay que hacerlas «con anticipación, en silencio y sin publicidad».
Reestructurarse o desaparecer
Matizó que no es el sistema, sino determinadas entidades, quienes tienen problemas, y abogó porque las instituciones viables «se apañen sin ayudas públicas». Sugirió que las no viables «se disuelvan e integren en otras», con la consiguiente reducción de capacidad. Finalmente, consideró «mprescindible» que las cajas «sigan siendo cajas, pero revisen su modelo, para mejorar sus procedimientos de actuar, y lleven a cabo su propia reconversión».
Parecidos argumentos utilizó Alfredo Sáenz, vicepresidente segundo y consejero delegado del Santander. Mencionó, entre los errores a evitar en el proceso de reestructuración, la supervivencia de entidades no solventes -lo que en el sector se ha bautizado como 'zombis'- y, en el estricto ámbito nacional, aseguró que la economía no volverá a crecer de forma potente si bancos y cajas no sanean sus balances y ajustan su capacidad.
«No nos podemos permitir exceso de oficinas, ni las dudas del mercado internacional sobre la solvencia del sistema, ni usar fondos públicos para reestructuraciones que no sean en profundidad», dijo.
Desde el frente de las cajas, el director general de CECA, José Antonio Olavarrieta, reiteró que estas entidades disponen de 27.400 millones de provisiones frente a 49.400 millones de activos dudosos. Evocó las operaciones de integración en marcha -dos en Cataluña, una en Castilla y León, una en Andalucía, la fusión de Cajasol y Guadalajara, la de CCM y Cajastur, más la SIP de Navarra, Canarias y Municipal de Burgos- y sumó a las peticiones comunes, la persistente demanda de la Confederación de que se reduzca la representación política en los órganos de gobierno de las entidades.
