Un mes. Ese es el plazo de tiempo solicitado ayer por el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo para presentar una solución a los afectados por la ejecución de sentencias de derribo en Cantabria. Tras reunirse con sus representantes -los dirigentes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA)-, José María Mazón anunció que «espero que en el plazo de un mes lo tengamos pergeñado», en referencia al documento solicitado con los cambios legislativos que se pretende promover.
Los afectados, por su parte, hicieron pública su inquietud, tanto dentro de la reunión como fuera, posteriormente, ante los medios de comunicación. «Nuestra sensación es de preocupación: estamos más preocupados que hace un mes», manifestó el presidente de AMA, Antonio Vilela. Su 'desencanto' obedece a que, transcurridos treinta días desde la primera reunión de la comisión de seguimiento del Plan de Actuación, el consejero no les ha presentado todavía ninguna propuesta concreta, según Mazón «porque no lo hay».
Tras completar la primera ronda de reuniones bilaterales con los alcaldes de Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo y Piélagos, y con los afectados, el consejero anunció que «pronto reuniremos a la comisión de seguimiento e invitaremos a ARCA». De este modo, el consejero ratifica la estrategia que ya anunció el pasado lunes, tras la reunión del Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU), cuando anunció que había percibido en los dirigentes de la asociación ecologista cierta «disposición a negociar».
ARCA es el promotor de los recursos que han dado lugar a 22 de las 23 sentencias de derribo que el Gobierno regional, y la sociedad de Cantabria en su conjunto, tienen en estos momentos sobre la mesa.
Nada al 100%
«Es muy difícil que la gente quede contenta al 100%. Habíamos dicho que hoy no íbamos a avanzar soluciones concretas y que no íbamos a presentar ningún documento, porque no lo hay», señaló José María Mazón inmediatamente después de la reunión. «Hoy les hemos transmitido a los afectados los pasos que se han ido dando en estas semanas. Estamos trabajando, pero no está terminado el trabajo, ni mucho menos», añadió.
Confirmó que en breve plazo convocará de nuevo a la comisión de seguimiento del Plan de Actuación -la primera y única vez que se reunió este órgano fue el 15 de febrero- e insistió en dos ideas más, ya expresadas en otras ocasiones: en que «lo que pretendemos es mejorar las leyes y el ordenamiento global» y en que «este es un problema de toda la sociedad».
Sin solución
Por su parte, Antonio Vilela resumió la situación en una frase: «Sabemos que el Gobierno ha trabajado, pero sigue sin presentarnos la solución». «Partimos de una resolución del Parlamento de Cantabria que pide una solución para los afectados, y nosotros pedimos una solución para los afectados y para todos los ciudadanos de Cantabria que puedan ser afectados».
Al referirse al mes de plazo solicitado por el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, Antonio Vilela manifestó que «después de tanto tiempo, vamos a darle ese mes de margen».
También se refirió a ARCA. «Aprovecho para hacer un llamamiento a ARCA, que es la demandante. Estamos muy dolidos con ellos, pero con todo creemos que tienen que sumar y, entre todos, aportar soluciones para que con los políticos, los afectados y los jueces saquemos esto adelante», añadió.
Como conclusión, el portavoz de los afectados pidió un esfuerzo tanto en los plazos como en el documento final, porque «no podemos permitirnos que, después de quince años, lo que se haga sea una chapuza».
El próximo encuentro
Completada esta primera ronda de reuniones, y una vez expresada la posición de afectados y ayuntamientos sobre la situación de cada urbanización sometida a sentencia de derribo, el equipo de la Consejería presentará un documento con los cambios legislativos que el Ejecutivo presentará en el Parlamento, previa negociación con los portavoces de los grupos políticos.
Será en la próxima reunión de la comisión de seguimiento cuando lo haga y, a continuación, negociará con los portavoces. Queda por ver si, para entonces, alguno de los recientes autos o providencias dictados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado como resultado el inicio de alguna de las obras de demolición.
