Los afectados por la Ley de Montes de Utilidad Pública tomaron ayer el Ayuntamiento de Cartes pidiendo «más hechos y menos palabras» ante la situación que están atravesando.
Vecinos de los pueblos de Yermo y Cohicillos, principalmente, se vieron reforzados con otros afectados llegados desde Viérnoles, lo que provocó las primeras tensiones de la mañana. El alcalde, Saturnino Castanedo, aceptó reunirse con sus vecinos, pero «no atender las reivindicaciones de otros lugares». De todas formas, no pudo evitar que el salón de plenos se llenara de vecinos «ya muy enfadados», según reconocían, con una situación de «inseguridad» en la que ninguna administración les da una «respuesta clara» sobre su futuro.
En el municipio de Cartes, la falta de cotejo entre las propiedades acreditadas por los vecinos en el Registro y el catálogo de Montes de Utilidad Pública, ha generado dudas en medio centenar de afectados que se consideraban dueños de terrenos que ahora están cuestionados. Recientemente se manifestaban ante el Ayuntamiento pero, ante la ausencia de soluciones, ayer pasaron a la acción.
El alcalde plantea el deslinde
En el interior, el alcalde escuchó las demandas vecinales y volvió a explicar que el problema «no es competencia municipal». De todas formas, propuso, y fue aceptado por la mayoría de los presentes, llevar a sesión plenaria, seguramente la semana próxima, una moción resumida en seis puntos: solicitar a la Dirección General de Biodiversidad el «inmediato» deslinde y amojonamiento del monte afectado en Cartes; solicitar a la misma Dirección General que, a partir de los trabajos de campo, se deriven expedientes individualizados de los posibles conflictos de propiedad y se establezca una cartografía corregida que refleje la situación actual, real y legal del monte referido; solicitar a los servicios jurídicos del Gobierno regional que recomienden criterios de actuación en los casos más complicados.
El Ayuntamiento, además, favorecerá, dentro de la legalidad, cualquier medida conducente a posibilitar la compatibilidad del interés público con el tradicional disfrute privado. También se compromete a promover la adopción de convenios de aprovechamiento que posibiliten la explotación de aquellos cultivos privados que pudieran verse afectados por el deslinde; y a promover permutas o cesiones temporales que posibiliten resolver los conflictos.
Castanedo incidió en que «desde el Ayuntamiento nos ofrecemos a colaborar en la búsqueda de soluciones que garanticen el racional aprovechamiento de los usos del Monte Público manteniendo la compatibilidad con la actividad ganadera y forestal privada».
Oria pide tranquilidad
Por su parte, Jesús Oría, consejero de Desarrollo Rural, volvió a enviar ayer un mensaje de tranquilidad a los vecinos reunidos en Cartes: «estamos trabajando en la futura normativa de montes propia de Cantabria y, en la media que podamos, daremos respuesta a los problemas que se están planteando, por eso pedimos paciencia y tranquilidad». Y añadió que «en la Consejería vamos a ser enormemente flexibles con esta cuestión, atendiendo a todos los afectados».
Mientras se van resolviendo los casos -para bien o para mal- de manera particular, la Dirección General de Biodiversidad sigue trabajando en la redacción de la Ley Regional de Montes, que en breve será remitida al consejero para su tramitación. Aseguran que el texto estará aprobado antes de que acabe la legislatura actual.
