El pacto por la vivienda propuesto por el Gobierno para los próximos seis años obtuvo ayer prácticamente el placet de los agentes sociales y económicos. A pesar de los flecos que quedan por afinar, el acuerdo podría firmarse «en unos días», según aventuró optimista el consejero de ObrasPúblicas y Vivienda José María Mazón.
Entre los aspectos que se introducirán al documento final se encuentran tres significativos. El primero es la creación de 10.000 nuevos puestos de trabajo a lo largo de los seis años de vigencia del acuerdo. El segundo, el compromiso de los empresarios de construir una vivienda por cada una de las excedentes (el stock en Cantabria es de 3.000) que se vendan gracias al futuro acuerdo entre Gobierno y entidades financieras para facilitar crédito. Y, finalmente, la promesa del Ejecutivo a introducir modificaciones legislativas (Ley del Suelo básicamente) para agilizar los trámites a la hora de construir viviendas y dar mayor seguridad jurídica.
Los dos primeros retoques se introducirán a petición de los sindicatos, y, el tercero, de los empresarios, en concreto, del Consejo Urbanístico de Promotores de Cantabria. Además, el documento garantizará la iniciativa privada en la construcción y promoción de viviendas, aspecto que se recogerá explícitamente ante las reticencias expresadas por los constructores.
A la reunión, que se prolongó durante dos horas, asistieron el consejero de Vivienda, José María Mazón, y el director general, Francisco Javier Gómez Blanco; y representantes de la Asociación de Constructores y Promotores y del Consejo Urbanístico de Promotores de Cantabria, y de los sindicatos CC OO y UGT.
El documento, que constituye una declaración de intenciones porque los compromisos inversores por parte de la Administración se recogen en el Plan de Vivienda 2009-2012 y en los presupuestos anuales, tiene por objetivo dinamizar un sector en crisis, como el mercado de la vivienda, generar empleo y mejorar el acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía.
Por este motivo, las actuaciones promovidas desde el Ejecutivo contentaron a las tres partes implicadas. Y es que en un horizonte de seis años prevén la creación de 10.000 puestos de trabajo, la construcción de 8.000 viviendas nuevas de promoción pública, el desarrollo de una bolsa de suelo para edificar otras 3.000, la creación de un parque público de viviendas de alquiler de, al menos, 600 viviendas y la constitución de una o varias líneas financieras para facilitar el acceso a la financiación en la promoción y adquisición de vivienda.
Así, una de las patas del documento, especialmente importante para el comprador y para dar salida a las 3.000 viviendas que cuelgan el cartel de 'se vende' en Cantabria, es la habilitación de préstamos públicos reintegrables para que durante los nueve primeros años los adquirentes paguen menos.
Para ello, Vivienda negocia con las entidades financieras y constructores un convenio de colaboración específico, que está muy avanzado, según señaló el director General de Vivienda y Arquitectura, Francisco Javier Gómez Blanco, pero que forma parte de las líneas financieras de estímulo dirigidas a facilitar el acceso a la financiación en la adquisición de vivienda.
El OK de los bancos
El convenio, que surgió a propuesta de los constructores para dar salida al excedente de 3.000 pisos, cuenta «en lo básico» con el 'OK' de las entidades financieras, aunque «estamos afinando» el texto, precisó ayer Gómez Blanco.
En líneas generales, el Gobierno se compromete a poner a disposición de los futuros compradores 35 millones de euros en préstamos reintegrables, con un máximo de hasta 15.000 euros por persona. Esto permitiría que las cuotas del crédito de la casa durante los primeros ocho años sean muy bajan. Y es que todos -Gobierno, empresarios y entidades financieras- confían en la recuperación de la economía y del sector en este horizonte temporal.
Estas operaciones no supondrían a la Administración ningún coste, salvo los propios de la gestión de los créditos y, tal vez, alguno de tesorería, aunque el fondo, los 35 millones, saldrán de los presupuestos regionales, bien vía endeudamiento o detrayéndolos de otras partidas.
El texto del convenio fue entregado ayer, dentro de la Mesa Sectorial de la Vivienda, a los agentes sociales, que lo estudiarán y valorarán con los cargos de dirección.
Viviendas y alquiler
Otro de los pilares del documento es la promoción, construcción y nueva creación de 8.000 viviendas de protección pública a lo largo de estos seis años para facilitar el acceso a las mismas de los ciudadanos con rentas más bajas, con atención preferente a los jóvenes. El 40% de estas casas serán en régimen de alquiler, arrendamientos con opción de compra y otros regímenes distintos de la propiedad.
Pero, además, el Pacto se anticipa y prevé la creación de bolsas de suelo mediante distintos instrumentos urbanísticos. Así, recoge el desarrollo de suelo para la construcción de otras 3.000 viviendas de protección públicas, mediante la aprobación de Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR), modificaciones de planeamiento, planes parciales y convenios de cesión.
El Consejo de Promotores había cuestionado la figura del PSIR para VPO al considerar que «les echaba del mercado, pero el consejero José María Mazón consideró ayer «irrenunciable» la utilización de esta figura urbanística para fomentar la construcción de vivienda protegida. La compra o no de viviendas por parte del Gobierno regional para su posterior alquiler suscitó alguna que otra reticencia dentro de la reunión, que forzó al responsable de Vivienda a dejar clara su posición.
«En ningún caso vamos a comprar viviendas a los promotores para tener nosotros el mismo problema que tienen ellos ahora», dijo a los medios de comunicación antes de la reunión. Mazón ha dicho «no» a la propuesta de los constructores de comprar entre 800 y 1.000 viviendas del stock para alquilarlas a las familias más desfavorecidas económicamente. No obstante, «de manera puntual, cuando haya alguna promoción que encaje con nuestros números y nuestra demanda, podría hacerlo, pero excepcionalmente»,terció el consejero.
La confusión viene dada por la difusa redacción del punto que incluye la creación de un parque público de vivienda en alquiler de, al menos, 600 casas. Este parque de alquiler procede «preferentemente», según el director general de Vivienda, de la promoción de viviendas protegidas de alquiler y de la cesión de patrimonio de las diferentes administraciones.
Estas cesiones se refieren casas de maestros, de guardeses u otras edificaciones de este tipo que no se utilizan y son cedidas a la Administración regional para su rehabilitación y alquiler. Un ejemplo. En la actualidad, la empresa pública Gesvican ha restaurado las antiguas escuelas de Puento Viesgo para su alquiler como apartamentos.
Finalmente, el Pacto prevé la adquisición, a precio de vivienda protegida, de «parte del stock de vivienda libre». Este es el punto, rechazado por los sindicatos, que dio lugar a la polémica. Pero Mazón dejó claro que se trata de una medida excepcional.
El pacto contempla también 2.000 ayudas directas para la mejora de la calidad y eficiencia energética de las nuevas viviendas o rehabilitadas, y 8.000 ayudas para propietarios que rehabiliten sus casas, además de la promoción de 200 alojamientos protegidos para estudiantes universitarios.
