«La Constitución Española de 1978 recoge en su artículo 27.7, el derecho del alumnado con carácter general, a intervenir en el control y gestión de las instituciones del sistema educativo financiadas públicamente». Es el modo en que abre el texto presentación del borrador del Estatuto del Estudiante, restringido a los pequeños grupos de debate que lo dan forma a escala nacional y al que ha tenido acceso este periódico.
Son ya 56 años los que han tenido que pasar -el anterior Estatuto data de 1954- para que los estudiantes vean reconocidos por escrito sus derechos y deberes, adaptados al nuevo marco educativo europeo, dotándoles de un amparo escrito que los sirva para configurar posibles reclamaciones; para configurar un órgano estatal que ejerza de interlocutor oficial con el Ministerio y para redactar las claves del funcionamiento de las prácticas, la movilidad, las actividades deportivas, y todo lo que concierne a la vida universitaria.
Nada similar existe hasta el momento, especialmente dada la escasa o nula aplicabilidad de una norma preconstitucional. Tan sólo el amparo de ciertos textos propios de cada universidad establecían las reglas del juego para temas concretos. Ahí lleva ventaja el campus cántabro.
Llegado el momento, será cada institución la que tenga que aplicar a su modo la norma estatal. Según las opiniones recabadas tanto en el equipo rectoral como a pie de aula, parece que la UC tiene buena parte del camino recorrido. «Desde el rectorado creemos que es una gran oportunidad para que los derechos y deberes de los estudiantes sean recogidos en un mismo texto. Pero en la práctica, el panorama en nuestros centros no va a cambiar mucho. Gran parte de las cuestiones que aborda ya cuentan con una normativa interna del campus cántabro que poco o nada habrá que modificar». Federico Gutiérrez-Solana, rector de la UC, muestra seguridad en sus palabras.
Habla de la reglamentación interna que lleva años funcionando en el campus y que hace referencia, por ejemplo al Reglamento de Exámenes (revisado precisamente en este último año), los propios estatutos de la Universidad o incluso el mero funcionamiento de la figura del Defensor Universitario.
José Manuel Bayod, actual persona en el cargo, aplaude el nuevo documento, «aunque por lo que he podido ver en uno de los borradores, contempla la figura del defensor, pero de una manera muy general. Quizá a otras universidades, con otros esquemas de planteamiento, les cueste más adaptarse una vez se publique la norma, pero en nuestro caso incluso se ha ido un paso más allá en lo tocante a derechos del estudiante. Otros aspectos forman ya parte de nuestra cultura de campus porque se vienen aplicando hace tiempo por mero sentido común», interpreta Bayod.
No se admiten cambios
La premura aprieta y el Ministerio de Educación no admite más cambios, más allá de los estrictamente orientados a la redacción sintáctica del documento. Y hoy, nuevo día de debate. La La Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (Runae), sectorial de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que congrega a todos los vicerrectores de estudiantes de las universidades españolas, se da cita hoy en Madrid para apuntalar el texto hacia su definitiva forma. El curso próximo (2010-2011) el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) habrá tomado la universidad española por completo. La obligación lleva a que el texto sea aplicable para entonces, es decir, antes de que finalice el verano.
«Nosotros no vamos a tener problemas en la adaptación, pero sí es cierto que se ha hablado de pequeñas lagunas que tendrá el documento. Principalmente en lo tocante al régimen disciplinario», explica Emilio Eguía, vicerrector de Estudiantes de la UC. «Desde la sectorial de la CRUE solicitábamos que se contemplara un marco común para este asunto, y el Ministerio se ha comprometido a hacerlo con una norma que tendrá rango de ley», agrega Eguía para abordar otro de los asuntos que han generado discrepancias durante su negociado: la financiación.
«Cuando se aborda este tema, el Estatuto viene a decir que serán las administraciones competentes, y no sólo la Universidad, las que pondrá los medios materiales y económicos necesarios para llevar adelante lo que allí se pretende», y ejemplifica. «Si la Universidad de Cantabria recibe un alumno de Erasmus con algún tipo de discapacidad, no será sólo ella la responsable de que este alumno, como todos, cuente con los medios materiales y económicos suficientes para desarrollar sus estudios como el resto; también se verán implicadas las administraciones públicas, Gobierno autonómico, Ayuntamientos, etc».
Pero es a la altura del aula, a la del alumno, donde se respira el entusiasmo. «La mayor suspicacia que despierta el texto en el cuerpo docente va en la onda del posible incremento de los derechos de los estudiantes en detrimento de los que competen al cuerpo docente, pero no es así. Sencillamente se dejan las cosas claras para que exista una justicia», defiende Alberto Aja. «Los Consejos de Estudiantes de toda España hemos pasado muchas horas encerrados con el texto. Creemos que ahora tiene una forma adecuada para sacarlo adelante», esgrime cuando resume las dificultades del proceso.
No titubea para referir lo que destaca como el gran avance en esta materia. «La constitución, la definición de las funciones, organización y funcionamiento de un Consejo del Estudiante Universitario como órgano colegiado de representación estudiantil, adscrito al Ministerio, que tenga atribuidas las competencias en materia de Universidades. Tendrá presencia de alumnos de todos los campus españoles», agrega cuando ahonda en la explicación y eleva el rango de la nueva representación al que ostentan los rectores, para establecer un canal directo de comunicación; aunque no todo es de color rosa.
«Desde los consejos de estudiantes nos parece que merecen estar en ese Consejo Estatal tan sólo los representantes elegidos democráticamente por sus compañeros. El texto especifica, sin embargo, la presencia de un estudiante de cada universidad, y otros puestos de libre designación para el Ministerio. En eso no estamos de acuerdo, porque aparece el peligro de la politización de ciertos colectivos. Habrá que matizarlo», argumenta Aja.
Definiciones necesarias
«Por lo demás, quedan regulados y actualizados los derechos y deberes del colectivo en el nuevo marco educativo europeo, y eso es importante. Se establecen los límites que deben definir a un estudiante a tiempo completo como a otro a tiempo parcial. Una figura, esta última, muy relevante dado el nuevo esquema de aprendizaje que tanto valorará el llamado 'Life long learning', (el aprendizaje a lo largo de la vida). Ese es el foco de otra de las controversias. La que refiere al tiempo y a las reformas educativas que lo afectan.
«Necesitamos saber si el texto, adaptado a la nueva normativa europea, va a tener aplicabilidad para los alumnos aún inmersos en las antiguas licenciaturas», remarca Carlos Pérez Vázquez, delegado de Centro de Medicina. «En nuestra carrera, por ejemplo, e igual que ocurre con Arquitectura, se considera que la Licenciatura equivale a un grado más el máster (por tratarse de 5 años). Necesitamos saber en qué marco de la normativa se nos incluirá», solicita.
Las puntualizaciones matizan un texto que configura, en su totalidad, una filosofía que trasciende los meros detalles. «Lejos del estudio pormenorizado, el Estatuto del Estudiante reconocerá de una vez por todas que la labor del estudiante no es banal. Es un trabajo importante para la sociedad. Definitivamente se situará al alumno en el lugar que merece, bastante más importante del que se contempla en el esquema social», remarca José Manuel Revuelta, vicerrector adjunto al rector.
