Portavoces parlamentarios y representantes de los afectados por la ejecución de sentencias de derribo coincidieron ayer en la necesidad de modificar el contenido del borrador elaborado por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo para dar una solución a los propietarios de los inmuebles, y modificarlo con el fin de mejorarlo tanto en el fondo como en la forma.
Tal coincidencia se puso de manifiesto en el transcurso de la ronda de reuniones celebrada en la mañana de ayer, y llevará aparejada la introducción de diversos cambios en el documento, según anunciaron al término del encuentro tanto Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), como Francisco Laín y Teo Arnal, directivos de la asociación. No concretaron, en cambio, qué alcance tendrán las modificaciones al texto y si, con ellas, se dará satisfacción a las demandas formuladas por el colectivo de afectados.
Los aportaciones al texto podrían incorporarse en dos momentos diferentes: o bien en el transcurso de su debate en la comisión de seguimiento o bien durante la tramitación parlamentaria de la proposición de ley.
En principio, la participación de los portavoces se reduciría a la fase parlamentaria, pero es probable que el propio consejero de Obras Públicas, José María Mazón, recabe la opinión de todos ellos antes de llevar el texto definitivo a la comisión de seguimiento, con carácter previo a la presentación del documento en el registro del Parlamento de Cantabria.
Esta es, al menos, la conclusión extraída por los representantes del colectivo de afectados. Antonio Vilela, Francisco Laín y Teodoro Arnal se reunieron en primer lugar con Francisco Fernández Mañanes y Martín Berriolope, diputados del PSC-PSOE; a continuación con Rafael de La Sierra, portavoz del PRC; y finalmente con Francisco Rodríguez, María José Sáenz de Buruaga y José Manuel Igual, todos ellos parlamentarios del PP. Visitaron el Hospital de San Rafael, sede del Parlamento de Cantabria, tras manifestarse frente a las dependencias del Gobierno de Cantabria ubicadas en la calle Peña Herbosa.
«No es bueno»
«Es un texto de partida que no es bueno, pero que con modificaciones puede dar solución a los afectados», fue el mensaje transmitido por Antonio Vilela en nombre de los propietarios de los inmuebles. «Hay partes que se pueden utilizar y otras que hacen un flaco favor para solucionar este tema», añadió.
Tras reunirse con los portavoces de los grupos parlamentarios, Antonio Vilela pidió «que se cierre el círculo de una vez, porque si volvemos a pasarle la patata caliente a los ayuntamientos, no se resuelve el problema y van a estar antes los derribos que las soluciones».
En la valoración que los representantes de los afectados hicieron del documento ante los diputados, Vilela también destacó que el texto con los cambios legales propuestos es «francamente mejorable, no cumple las expectativas y no da soluciones», y lamentó que del contenido se tuviera que enterarse por la prensa -el texto lo publicó íntegramente este periódico en su edición del pasado 16 de abril- y no por el consejero.
El borrador propone cambios en la Ley del Suelo y en el Plan de Ordenación del Litoral (POL), pero no plantea la regularización de las viviendas por sí misma, sino que crea determinados instrumentos para que sean los ayuntamientos quienes, por la vía administrativa, lo hagan.
Legalizar o indemnizar
Como quiera que, con esta opción, los afectados dicen sentirse «decepcionados y engañados», la asociación AMA planteó ayer una nueva propuesta con sus reivindicaciones: que el Ejecutivo legalice o indemnice.
«Le entregamos al Gobierno nuestras viviendas y le decimos que él es el que tiene que tomar las decisiones. Sólo hay dos caminos: o la legalización o la indemnización, y tienen que decidir qué camino tomar».
