La junta directiva de la Asociación Ecojusticia Cantabria, formada por los vecinos de Cerrias cuyas viviendas están afectadas por sentencias de derribo y actualmente en periodo de constitución, interpuso ayer en el Ayuntamiento de Piélagos un recurso administrativo contra la resolución de la alcaldía por la que se concedió una licencia municipal de obras para la construcción de 316 viviendas en la localidad de Vioño, en Piélagos. Considerando que las parcelas sobre las que se construyen esas viviendas -unas en fase de ejecución y otras ya ejecutadas, vendidas y entregadas a sus propietarios- «no gozan de los requisitos exigibles para ser declaradas zona urbana», los vecinos de Cerrias han decidido denunciarlo.
Aunque ya lo habían advertido, que pensaban 'tirar de la manta', su maniobra causó ayer sorpresa tanto en el Ayuntamiento como en la empresa constructora (Placinsa), que se pronunciaron con reservas respecto a la decisión de los vecinos de Cerrias de poner en marcha el ventilador.
Entregado ayer al Ayuntamiento por el abogado que representa los intereses de la Asociación Ecojusticia Cantabria, Diego Sarabia, el recurso viene dado por entender los denunciantes que «la licencia municipal de obras concedida sobre las parcelas con referencias 1412016 y 1412017 para la construcción de un total de 316 viviendas (locales y garajes) a favor de la promotora Comillas Mar es contraria a derecho».
En ese sentido, y según se explica en el recurso, los denunciantes entienden que «dichas parcelas no gozan de los requisitos mínimamente exigibles para ser declaradas zona urbana», razón por la cuál «la licencia concedida debe declararse nula, anulando con ello todos los actos realizados sobre las mismas y debiendo reponerse el estado de las mismas al que tenían antes de su concesión».
Todo lo anterior vendría respaldado por «los informes obrantes», y muy especialmente por el que emitió el arquitecto municipal, «que concluirán en idéntico sentido la inidoneidad de las parcelas para ser declaradas urbanas y para concederse una licencia de obras sobre las mismas».
Viviendas habitadas
Según pudo averiguar ayer este periódico, las viviendas construidas con la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Piélagos que los vecinos de Cerrias consideran hoy «contraria a derecho» son las 316 que conforman el conjunto de la urbanización 'El Rubilón' que Placinsa levanta en la localidad de Vioño de Piélagos en tres fases, dos de ellas ya ejecutadas y la tercera aún en ejecución. El 85% de las cerca de 275 que se construyeron en las dos primeras ya están vendidas y, por lo tanto, habitadas o a punto de estarlo. La duda surge. ¿Pretenden los dueños de Cerrias defender la legalidad de sus casas poniendo en un brete la legalidad de las de sus vecinos?
«En ningún caso». El abogado de la Asociación Ecojusticia Cantabria, Diego Sarabia, negó ayer rotundamente que esta posibilidad se vaya a producir «porque el propósito de mis representados no es hacer daño a los propietarios de otras viviendas que están en la misma situación que la suya sino actuar en contra de aquellas que se encuentran en construcción o no habitadas, pero nunca habitadas».
Así, en el caso del recurso interpuesto contra la licencia de obras de la urbanización 'El Rubilón', el letrado pretende excluir de las acciones legales que correspondan «a todas y cada una de las viviendas que, habitadas o no, ya tengan un propietario» y centrarse en las viviendas que o no se han vendido o están por construirse.
De este modo, y aunque reconoce que «el hecho de pedir la nulidad de la licencia de obras afecta a las 316 viviendas y eso nos plantea un problema»pero «subsanable», Sarabia recalca que sus representados solicitarán «el derribo de las viviendas ya construidas pero todavía no vendidas y la paralización de las obras que se estén realizando en las que todavía no han terminado de construirse».
Más denuncias
Luego de esa matización, Sarabia aseguró que no será ésta la única denuncia que, en esta línea, presenten los vecinos de Cerrias en su intención de «trasladar al Gobierno regional y a las Administraciones la responsabilidad de la situación urbanística por la que atraviesa actualmente Cantabria».
«No son 40», recuerda el abogado refiriéndose a las viviendas de las urbanizaciones de Cerrias I y II. «Son 10.040 las que se encuentran en estas mismas circunstancias en la región». Por eso, las 316 de Vioño son sólo la punta del icerberg. Debajo «hay más», advirtió Sarabia, que reconoce que ya está preparando nuevas denuncias.
Todas en una misma dirección. «Que el Gobierno regional entienda que si no evita que se derriben las viviendas de Cerrias tampoco podrá evitar que se derriben todas aquellas que se encuentran en esa misma situación -que son 10.040- y que eso le va a llevar difectamente a la bancarrota».
