Los asesores jurídicos de los ayuntamientos y de los afectados por la ejecución de sentencias de derribo en Cantabria intervendrán, junto con los del Gobierno, en la redacción de una nueva ley contra los derribos. Así lo admitió ayer el consejero, José María Mazón, durante la reunión de la comisión de seguimiento, cuyo único acuerdo fue precisamente ése: nombrar un grupo de trabajo de abogados y jurídicos de todas las partes para que, en un plazo no superior a quince días, presente un nuevo documento que no suscite críticas y valoraciones tan negativas como las que había provocado el documento original elaborado por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo.
Ayer, todas las posturas se pusieron sobre la mesa y, como única solución posible, se optó por nombrar un grupo de trabajo con representación de todas las partes. Su trabajo consistirá en reformar el contenido del documento original y formular una nueva propuesta con los cambios legales que todos ellos consideren oportunos. Si ese nuevo borrador da satisfacción a todos, será el que se tramite en el Parlamento.
El texto elaborado por el Gobierno de Cantabria proponía introducir cambios en la Ley del Suelo y en el Plan de Ordenación del Litoral (POL), pero dejaba la legalización de las viviendas en manos de los ayuntamientos. Nadie pareció conforme ayer con ese planteamiento. Por eso se redactará un nuevo texto con los cambios legales, a ser posible basado en el consenso.
Tres horas de reunión
La reunión celebrada ayer se prolongó por espacio de tres horas. Asistieron el consejero, José María Mazón, y el director general de Urbanismo, Pedro Ángel Gómez Portilla, por parte del Gobierno; los alcaldes de los municipios de Arnuero, Argoños, Escalante, Piélagos y Miengo; los portavoces de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a la práctica totalidad de los afectados; el alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, en nombre de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC); los diputados Francisco Rodríguez y María José Sáenz de Buruaga, por el PP; la parlamentaria Eva Bartolomé, por el PRC; y en representación del PSOE el concejal de Santa Cruz de Bezana y miembro de la Ejecutiva regional, Pablo Zuloaga.
No acudió, en cambio, ningún representante de la parte demandante en la mayoría de los procedimientos que han dado lugar a las sentencias de derribo, es decir, ARCA. La asociación ecologista no fue invitada porque «no forma parte de la comisión y porque pensamos que no iba a ser lo más eficaz», según explicó el consejero.
En mayor o menor medida, todos los asistentes consideraron que el documento elaborado por el Gobierno con las modificaciones de la Ley del Suelo y del POL es insuficiente, y que con él no será posible evitar derribos masivos de inmuebles.
En Cantabria, 575 viviendas están afectadas por este problema, como consecuencia de las 23 sentencias dictadas por los tribunales y ratificadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
El trabajo, para los técnicos
La postura de mejorar el texto legal con nuevas aportaciones fue sugerida por el propio consejero, José María Mazón, quien, de hecho, acudió a la reunión con la disposición de «escuchar y tomar nota», según adelantó la víspera a este periódico.
Uno a uno, los asistentes fueron manifestando sus discrepancias con el contenido del documento y uno de ellos, el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, invitó a que los técnicos y juristas del Gobierno se reunieran con el abogado que le asiste en este tipo de cuestiones. También los afectados ofrecieron la colaboración de sus asesores jurídicos, a los efectos de mejorar el contenido de la propuesta. Finalmente, los asistentes optaron por constituir un grupo de trabajo con el fin de redactar un nuevo documento en el que se pudieran recopilar las aportaciones de todos. A partir de ahora, la pelota queda pues en el tejado de los técnicos, si bien el texto final será supervisado de nuevo por los políticos y por los afectados, lógicamente, antes de proceder a su tramitación.
Quince días, el plazo
Uno de los retos principales que tiene ante sí el grupo de trabajo es el de trabajar con la máxima celeridad. De hecho, ya se ha puesto fecha para la conclusión de su tarea, aun cuando todavía no han sido nombrados sus integrantes.
No obrar con esta premura impediría tramitar los cambios legales en el actual periodo de sesiones parlamentarias, vigente hasta el 30 de junio-. Esperar al siguiente, cuya apertura no se producirá hasta el 1 de septiembre, entrañaría un notable riesgo: para entonces, algunas de las viviendas con sentencias de derribo podrían haber pasado a convertirse en escombro.
