«Si todos creen que la mejor solución es esa, no vamos a dejar de darles esa oportunidad», manifestó ayer, a modo de resumen, el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, tras reconocer que el borrador elaborado con diversas modificaciones en la Ley del Suelo y el Plan de Ordenación del Litoral (POL) «no parece que guste mucho a los afectados».
Como aspecto positivo de la reunión celebrada por la comisión de seguimiento, el consejero destacó «el apoyo político a la iniciativa» mostrado por los representantes de los grupos. Como aspecto negativo, el hecho de que «cuando entra un grupo de trabajo y entran nuevos componentes, siempre se alargan las cosas».
En todo caso, Mazón aseguró que «estamos volcados», y añadió que «hemos cumplido con nuestra primera obligación, que era llevar algo».
Respecto a las garantías exigidas por los propietarios en relación con su patrimonio inmobiliario, el consejero manifestó que «las reclamaciones, en la legislación actual tienen unos procedimientos». «Los afectados piden algo más y esta es una de las cosas en la que vamos a examinar la propuesta que nos hagan. La cuestión es cómo se garantiza ese derecho, porque de momento no se ha llegado a concretar nada», añadió.
Por último, el titular de Obras Públicas reclamó que «necesitamos trabajar con un poco de tranquilidad y sin tanta presión, para seguir avanzando». Lo dijo tras ser preguntado por los periodistas acerca de los plazos en los que será posible disponer de un documento definitivo.
Las demandas, al mínimo
Por su parte, el presidente en funciones de AMA, Antonio Vilela, reclamó ayer «soluciones rápidas» y confió en que el grupo de trabajo que se va a constituir sea «el camino» para lograr que se garantice el patrimonio de los afectados.
«Esto se tenía que haber solucionado mucho antes», advirtió Antonio Vilela, quien recalcó que los afectados han reducido «al mínimo» sus demandas y «ya sólo» piden que se garantice su patrimonio. También explicó que a AMA le hubiera «gustado» que en la comisión de seguimiento se hubieran alcanzado «acuerdos más concretos», pero consideró que la constitución de un nuevo grupo de trabajo con jurídicos «es un mal menor», puesto que será «un camino, si hay resultados».
