El presidente de Placinsa, Fidel González Cuevas, aseguró ayer que la urbanización 'El Rubión' que su empresa construye en Vioño de Piélagos, y a la que los vecinos de Cerrias han llevado esta semana el desasosiego poniendo en duda la legalidad de la licencia municipal de obra con la que se está ejecutando, goza de «una legalidad irrefutable».
A través de un comunicado en el que no ahorra calificativos para la conducta de los vecinos de Cerrias, González Cuevas recuerda que la urbanización «tiene todos los permisos que amparan su desarrollo, las autorizaciones administrativas correspondientes, licencia de obras, licencia de primera ocupación, calificación definitiva de viviendas de Protección Pública y otros informes sectoriales» que hacen que la urbanización 'El Rubión' goce de «una legalidad irrefutable».
Tras subrayar que los compradores de esas viviendas pertenecen a «un sector de trabajadores honrados que no se merecen esa puñalada trapera», González Cuevas muestra a continuación su parecer sobre la maniobra ejecutada por la asociación Ecojusticia Cantabria para presionar a las administraciones ante la comprometida situación en la que se encuentran: «Desde cualquier punto de vista es carente de ética y moralidad pretender involucrar a nuestra urbanización con las tribulaciones que padecen los dueños de las viviendas de Cerrias», dice el presidente de Placinsa, que les recomienda que defiendan su situación «en los foros adecuados».
González Cuevas, que en su comunicado hace un repaso a las sentencias que ordenan el derribo de las viviendas de Cerrias, asegura que la conducta que han adoptado contra los vecinos de 'El Rubión' «son paradigma del resentimiento, la envidia y la frustración por cuanto se alimentan tratando de atemorizar y de amargar la vida a un sector de la población que ha adquirido unas viviendas de protección con ilusión, esfuerzo y asunción de pago aplazado».
«Carroñeros»
Para el presidente de Placinsa, «la alarma social que la asociación Ecojusticia Cantabria trata de crear no tiene más sustento que el de un palmario y deplorable abuso de derecho proscrito por nuestro ordenamiento jurídico». «Estamos asistiendo -añade- a la aparición de una nueva organización de profesionales de la acción pública que de ninguna forma busca la defensa del interés general, sino que se centra en su propio beneficio».
González Cuevas, para quien los vecinos de Cerrias son «carroñeros que viven de hozar en las vidas de los demás por la sencilla razón de que su medio natural no es otro que la pocilga», asegura que ha dado «instrucciones» a su equipo de abogados para que ejerciten «cuantas acciones civiles y criminales sean pertinentes en orden a restaurar el buen nombre de la empresa y el deterioro patrimonial que ha sufrido», como consecuencia de la acción de Ecojusticia Cantabria.
