Dice José Luis Thomas que si nadie para este «cáncer con metástasis» miles de cántabros se quedarán sin nada. El litoral se verá despojado de industrias, prados, explotaciones, viviendas y enormes fábricas y pequeños negocios. Cuenta que la Ley 22/1988 de Costas pretende que todo vuelva al origen, «sin mirar atrás ni indemnizar a los que están en la costa desde antes de esa fecha». Augura una auténtica revolución de aquí a ocho años, el límite marcado para que las concesiones pasen al Estado convirtiendo en usufructuarios a los propietarios de bienes dentro del dominio público marítimo terrestre. El «expolio», dice el presidente de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, es imparable si no se reforma el texto.
-Año y medio en pie de guerra, ¿cuál ha sido el detonante?
-Simplemente que los afectados estábamos aislados, cada uno inmerso en sus procesos judiciales, otros perdidos sin saber qué hacer... Llegaron las primeras reuniones, vimos que había otros colectivos en España, contactamos con la plataforma y así surgió la Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas, aunque nuestros problemas son bien distintos.
-¿Por qué? ¿Qué pasa en Cantabria?
-La costa del Norte de España es totalmente distinta a la levantina o la canaria. En Levante siempre hubo presión urbanística por el turismo de sol y playa, y la afectación es sobre viviendas turísticas, de segunda residencia y urbanizaciones. Sin embargo, en el Norte apenas ha habido presión urbanística en la costa, salvo casos puntuales. No tiene ni punto de comparación. Aquí la costa se ha conservado bastante bien, y las afectaciones son, sobre todo, en el tejido productivo: explotaciones ganaderas, industriales, turísticas (hay campings y hoteles afectados) y viviendas unifamiliares.
-¿Cuántos cántabros están afectados por los deslindes?
-Costas dice que hay 20 afectados por kilómetro de costa. Hay 130 kilómetros de Ontañón a Unquera, pero por las mareas y los estuarios los kilómetros de costa efectiva superan los 600 y la afección penetra en muchos ayuntamientos interiores. Y hay que tener en cuenta que en torno a las rías han crecido muchas industrias antes de 1988: en Astillero, Camargo, Santoña, Torrelavega... Y muchas explotaciones ganaderas llegan a la costa. Por ello la mayor afección es productiva. Hay 300 explotaciones ganaderas afectadas, 300 industrias y 6.000 puestos de trabajo directos. El problema aquí es de una magnitud impresionante.
-¿Qué pasará cuando los deslindes lleguen al Arco de la Bahía, que es lo único que falta?
-Que caerá el grueso de viviendas y empresas. Veremos la noticia de que hay que desmantelar Equipos Nucleares o Ferroatlántica. En las marismas se romperán diques para inundarlas, las casas serán derribadas... Es un tema de un calado extraordinario. Ni los propios afectados son conscientes de la que se les viene encima. En la bahía está el 7 u 8% del meollo. Han dejado lo peor para el final. Las zonas agrarias fueron las primeras, pero aquí lidiarán con toros difíciles. Quién sabe si mañana o el mes que viene les llegará ya la carta a todos los industriales de esta zona.
-¿Cómo está actuando el Estado?
-Sibilinamente. Y llega un momento en el que a la gente no le interesa reclamar, como en Marina de Cudeyo, donde hay prados pequeños que han perdido el valor agrícola y no merece la pena meterse en pleitos. Y todo repercutirá en el Estado. En otros casos hay intereses más fuertes, como en el Polígono de Raos, porque están en juego 150 empresas y 3.000 trabajadores, y todo volverá al Estado en 2018. Este polígono era una concesión de 1968 por 100 años, pero con la Ley de Costas se reduce a 50 años y tendrán que desmantelarlo.
-Se lucha contra la Ley de Costas de 1988, ¿qué ha pasado desde entonces hasta hoy?
-Es una ley que surgió con el loable interés de proteger la costa de los desmanes urbanísticos, esa pared de hormigón que se ha creado, sobre todo, en el Mediterráneo. Hay un procedimiento para deslindar lo que es público de lo privado que obliga a la Administración a trazar la línea de dominio público marítimo terrestre. En 1989 se hicieron los primeros deslindes. En mi Ayuntamiento, la Junta de Voto, se hizo en el 92. Nos hicieron un deslinde provisional, con un plazo de 15 días de alegaciones, curioso tan poco tiempo para defender si tu casa es pública o privada. Presentamos las alegaciones y la Administración nos contestó ¡doce años después! En 2004 nos dicen que 'no ha lugar a alegaciones'. Planteamos un contencioso ante la Audiencia Nacional, que falla en 2005: Negativo. Y así viene siendo en el 99% de los casos. Nos queda otro paso: el Tribunal Supremo con un recurso de casación, del que estamos esperando respuesta. Llevan tres años pensando. Estas son las vías.
-¿Qué supuestos nos encontramos entre los afectados cántabros?
-En nuestro caso, como muchos, tenemos concesiones administrativas, bautizadas a principios del siglo XX como 'concesiones a perpetuidad', cuando el Estado concedía terrenos para uso normalmente agrícola. Se desecaba la marisma para convertirla en terreno productivo. Así se ha hecho en toda la desembocadura del Asón, del río Cubas... Entonces ese terreno se registraba, heredaba, transmitía...
-Y ahora esa 'perpetuidad' tiene fecha de fin.
-Ahora el Estado considera que estas zonas pasan a dominio público en el año 2018. Cree que es una indemnización suficiente ese usufructo de los años que faltan. En mi caso, 13 años, pero en Pedreña se encontrarán con cuatro ó cinco años nada más porque aún no han empezado. Y sin ningún tipo de indemnización.
-¿Y las propiedades registradas?
-En el caso de las propiedades a las que coge el dominio público, el Estado te las cambia: pasa a ser concesión por 30 años, prorrogables, o no, por 30 más. No se puede cambiar ni vender, sólo heredar. Y pierde todo valor de cambio. Los propietarios están algo mejor que los concesionarios, pero las consecuencias serán igual de graves.
-También las administraciones públicas pierden sus bienes.
-Sí, los casos de bienes municipales, como el Peru Zaballa de Castro. La Ley de Costas las mete en dominio público y pasan del Ayuntamiento al Estado.
-En Nueva Berria han ganado la batalla contra el deslinde.
-Aquí fue el primer deslinde que se produjo en España. Llevaban 20 años de lucha en los tribunales por una mala actuación de la Demarcación de Costas de Cantabria. Al final, la justicia les dio la razón, porque el deslinde fue arbitrario, con enormes errores de los funcionarios. Pero son muy pocos los casos que se ganan judicialmente. En Cantabria no hay más.
-¿Qué puede hacer la asociación para ayudar a los afectados?
-Para esos 6.000 trabajadores que ahora están 'in albis' estamos recabando el apoyo de los sindicatos, a los que hemos advertido que dentro de 8 años todos se irán a la calle. Y a saber los puestos indirectos afectados. La afectación es enorme y tiene efecto multiplicador: el empresario, su familia, los empleados directos, sus familias... Y nosotros, como asociación, brindamos asesoramiento a todos los que lo precisen. Ahora estamos ayudando a los de Marina de Cudeyo, que son los últimos, para que presenten sus alegaciones cuanto antes. Tenemos juristas que les apoyan de manera desinteresada.
-¿Costas da tiempo a reaccionar?
-Costas lo hace 'aquí te pillo aquí te mato'. Mandan cartas a los afectados convocándoles a una reunión y éstos no saben a qué van. Ahí se produce el deslinde provisional. Entonces empiezan a moverse, sale en los periódicos y nosotros nos enteramos y vamos a ayudarles.
-¿Ha caído ya álguien? ¿Alguno se ha quedado ya sin casa, sin empresa o sin trabajo?
-Esta ley es como un cáncer con metástasis que al final te quita la vida. Por ahora hay concesiones caducadas o que las hacen caducar, como la del Hotel Miramar de Castro. Y también hay una vivienda en Rada que quieren inundar porque van a gastar tres millones de euros en recuperar la marisma, y a la familia que vive ahí ni un duro.
-¿Se aplica de forma justa?
-Hay agravios comparativos. En Bárcena de Cicero, curiosamente la Robert Bosch no está afectada, y eso que era una concesión para uso agrícola que luego se recalificó. Se salva de la quema. Y Magefesa igual. Los terrenos mejor conservados medioambientalmente, los rústicos, son los más penalizados por la ley. No consentiremos que se aplique a unos sí y a otros no, la ley es igual para todos.
-Usted es padre de familia, ganadero y empresario, ¿cuánto perderá?
-Yo lo perderé todo. Mi casa, mi explotación de 200 cabezas y mi pequeña industria de lácteos con sus once empleados. Todo pasará a propiedad del Estado en ocho años. Mis trabajadores y yo nos tendremos que ir bajo un puente, porque no tenemos nada más. Mi empresa, 'La Bien Aparecida', requiere inversiones, pero cuando voy a los bancos ya no me dan crédito. Lo dicho, es como un cáncer.
-¿Qué se puede hacer?
-Dentro de ocho años la ley prevé que las máquinas entren a derribarlo todo, a romper diques y devolver las tierras al estado que tenían a principios del siglo XX. Ése es el destino si no se reforma la ley. Hay que recobrar la cordura para que no se produzca esta absoluta aberración. Tiene que haber alguien sensato, al menos en nuestro Gobierno autonómico, que para eso les pagamos, porque es una norma que va a causar más perjuicios que beneficios ambientales y debe replantearse. Será como con las sentencias de derribo pero elevado a la enésima potencia.
