José Vicente Mediavilla Cabo, 42 años, recuerda con un punto de orgullo, y hasta de nostalgia, aquellos veranos del Bachillerato y de la Universidad cuando trabajaba en el bar de sus padres en la calle Castilla, o en 'La Gaviota' del Barrio Pesquero, sirviendo raciones de paella y de sardinas, o descargando mercancías en el puerto o en la estación, para poder comprarse una 'Vespino' y no depender tanto de la escasa paga semanal del estudiante. Un tiempo de plenitud que imprime carácter, una cierta cultura del esfuerzo y de la responsabilidad que se propone transmitir a sus tres hijos, todavía pequeños, a quienes dedica lo mejor de su escaso tiempo libre. El resto del ocio: hacer deporte, la música de los ochenta y algo de lectura por la noche. Ya abogado, ingresó por oposición como letrado en la Administración de Cantabria y, poco a poco, entró en política de la mano de Miguel Ángel Revilla, que ya le había 'echado el ojo' cuando coincidieron en la Universidad como profesor y alumno. En un ángulo del luminoso despacho del consejero de Presidencia y Justicia en Peña Herbosa cuelga la negra toga que suele vestir en los actos judiciales más solemnes, como un recuerdo permanente de su auténtica vocación. «Hay vida después de la política y la mía estará ligada al mundo del Derecho. De eso estoy seguro» -Una queja ciudadana de siempre es la lentitud de la justicia. ¿Hasta qué punto ha mejorado la situación desde que la competencia fue transferida?
-La queja es razonable, porque la justicia ha sido siempre la gran olvidada en las inversiones y el avance tecnológico. Los ciudadanos perciben la justicia como un proceso muy largo cuando precisamente debe caracterizarse por ser eficaz y sin dilaciones. Al asumir la competencia lo que perseguimos es una justicia más cercana al ciudadano, más eficaz. Y para ello impulsamos proyectos como el 'Vereda' que supone desterrar el papel de la Administración de Justicia y que los profesionales del Derecho puedan resolver los trámites con un 'click' del ordenador. Estará en funcionamiento no más allá de enero de 2011 y los ciudadanos van a notarlo. En tres años de gestión Cantabria va a ser una de las regiones pioneras en la teletramitación, un antes y un después en la justicia.
-¿Hay más control de los funcionarios?
-Los que somos empleados públicos debemos ser conscientes de que nuestro salario procede del esfuerzo de todos los ciudadanos. En el acuerdo laboral con los funcionarios figura la implantación de control horario en todos los partidos judiciales . También he de decir que ni siquiera era necesario porque el capital humano de Justicia es uno de los mayores valores en este proceso de modernización.
-Muchos casos pendientes, el atasco judicial de toda la vida.
-Reducir ese atasco es uno de los retos más ambiciosos. Recientemente el 'barómetro de la justicia' indicaba que sobre un 80 % de los ciudadanos prefería resolver sus pleitos fuera de los tribunales. Conflictos de vecindad, accidentes de tráfico, divorcios, separaciones, que pueden resolverse mediante la mediación. La idea básica es primar el acuerdo sobre el conflicto, de modo que los asuntos que lleguen a juicio sean muchos menos y los jueces puedan dedicarse a los asuntos de verdad relevantes. Tenemos ya un primer borrador del proyecto de ley de mediación en el que están llamados a participar, primero con sus sugerencias y luego con su trabajo activo, el Poder Judicial, abogados, procuradores, notarios, trabajadores sociales, psicólogos. la Universidad en materia de formación, etc. La mediación puede evitar un 30 % de los pleitos.
-La variante de Comillas ha producido fricciones entre el Gobierno y los jueces.
-No ha habido fricciones. Lo que ha surgido es una discrepancia con una sentencia, algo muy legítimo en un estado de derecho. El consejero de Obras Públicas dijo que no estaba de acuerdo con la sentencia, que iba a recurrir y así ha sido. Punto. Este Gobierno tiene muy claro cuáles deben ser sus relaciones con el Poder Judicial; es más, yo no formaría parte de un Gobierno que no tuviese muy clara esa relación, que por ejemplo atacase la independencia judicial. El papel de los jueces es controlar la actividad administrativa hasta las últimas consecuencias, así como también nosotros exigimos desde el Gobierno independencia en la gestión porque para eso nos han elegido los ciudadanos.
-ARCA acaba de recurrir contra el Plan Eólico del Gobierno, precisamente con argumentos que usted esgrimió sobre las cautelas legales que debieran introducirse en la resolución del concurso de asignación de potencias.
-Poco tengo que decir sobre este asunto. Sólo que ARCA, como cualquier otra organización o ciudadano, está en su derecho de recurrir. Pero estoy convencido que cuando se resuelva el concurso de asignación de potencia eólica se aclararán las cuestiones controvertidas.
-¿Cómo ve el proceso pasar salvar las viviendas con sentencia de derribo?
-Tres consideraciones. En primer lugar, comprendo muy bien la situación de los afectados; si me pasara a mí, seguramente haría lo mismo. En segundo término, en Cantabria se han dado pasos importantes para garantizar la seguridad jurídica y que este tipo de situaciones del pasado no se repitan, por ejemplo el Plan de Ordenación del Litoral, cuya filosofía era conciliar la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Y respecto a la situación ya generada, me parece que la solución no es sencilla, es altamente compleja. Hay que buscar la compatibilidad entre el estado de derecho, que entre otras cosas supone que las sentencias se ejecuten, y la realidad social. Sería un disparate no dar una solución a una urbanización donde se produjera un derribo para que se pudiera construir al día siguiente lo mismo que ahora se derriba. Lo sensato es buscar soluciones para legalizar estos casos y aquellos en los que no sea posible salvar las viviendas, indemnizar a los afectados.
-¿Y cómo abordar en el Parlamento las posibles soluciones?
-A mi juicio, mediante proposición de ley de los tres grupos políticos, por consenso y por unanimidad. Porque el Parlamento es la institución que goza de la legitimidad democrática superior y debe ser la máxima institución la que dé solución a un problema que, por cierto, no ha generado el Gobierno.
-Dos compañeros de partido y de gobierno, Oria y López Marcano, han tenido problemas con la justicia. ¿Cómo lo ha vivido?
-Pues con total tranquilidad. Creo en la independencia de los jueces y también en la absoluta honradez de mis compañeros.
-¿Es difícil ser el jefe de unos cuantos miles de funcionarios?
-En todo caso, ser el jefe de mis compañeros, porque yo también soy funcionario. Pero no, no es difícil porque el gran valor de la Administración de Cantabria es su capital humano. Me gustaría que la gente que a veces denosta a los funcionarios porque han sido mal atendidos, lo cual por cierto me molesta porque no soporto el 'vuelva usted mañana', conociese de verdad al conjunto de los empleados públicos, intelectual y profesionalmente muy dotados, que nada tienen que envidiar al personal que trabaja para la iniciativa privada.
-Pero es difícil terminar con la 'leyenda negra' de los funcionarios.
-Queremos acabar con esa leyenda que es bastante injusta. El Plan de Reducción de Cargas Administrativas va a reducir la burocracia en un 30 % y reducir costes a la Administración, a las empresas y a los particulares, unos 180 millones de euros en total. Hay que reinventar la Administración, que estaba sustentada hasta ahora en modelos decimonónicos, y hacerlo sobre la base de la confianza en el ciudadano. En vez de cumplimentar todo tipo de trámites antes de obtener la autorización solicitada como sucede en la actualidad, de lo que se trata es que una mera declaración responsable sea suficiente para obtener determinado servicio o permiso. Haga usted lo que necesite y ya comprobaremos nosotros después si cumple con los requisitos.
-¿Sobrarán funcionarios?
-La plantilla de la Administración es actualmente la que debe ser, pero seguramente va a ser necesaria una reorganización de los efectivos.
-Usted ha impulsado un desarrollo muy importante del 112. ¿La sociedad lo valora o a lo mejor cree que los pocos daños en los últimos temporales ha sido una cuestión de suerte?
-La suerte influye poco en el ámbito de las emergencias. No sé si la sociedad valora la mejora, de lo que sí estoy seguro es que lo ha percibido aquel ciudadano que ha sido víctima o testigo de algún infortunio. Soy muy crítico conmigo mismo pero si de algo me siento satisfecho es del 112, y muy especialmente de cómo se ha recortado el tiempo de respuesta ante cualquier eventualidad. Un segundo puede salvar una vida.
