El Tribunal de Cuentas considera que la ejecución de las sentencias de derribo que pesan sobre 597 viviendas de cinco municipios costeros de Cantabria puede generar «unos desequilibrios financieros a los que difícilmente podrían hacer frente» estos ayuntamientos.
Su informe no da opción a ninguna otra interpretación. Asegura que la situación de esta comunidad, caracterizada por la existencia de núcleos de población preferentemente asentados en la costa, obliga a la Administración a facilitar la adaptación de los ordenamientos urbanísticos. Afirma que esos planeamientos están obsoletos y no dan respuesta a la protección del territorio «exigible» por la actual normativa. Un dato importante si se tiene en cuenta que Cantabria tiene 612 kilómetros lineales de litoral costero sobre el que se asientan 37 de los 102 municipios, en los que, además, vive el 80% de la población.
Plagado de datos, las setenta páginas de un informe de fiscalización sobre desarrollo urbanístico de la costa cántabra recuerdan que de los 37 municipios costeros sólo tres (Santillana del Mar, Comillas y Argoños) contaban el año pasado, en 2009, con el planeamiento adaptado a la Ley de Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de la región de 2001.
Dice también que dieciséis de ellos aún no han actualizado sus ordenamientos y trabajan sobre planes urbanísticos con más de 20 años de antigüedad. De entre esas situaciones, el informe destaca el municipio de Colindres, que ordena su urbanismo en base a una normas elaboradas en 1964.
Es un informe fiscalizador que ha dejado fuera al municipio de Castro Urdiales porque a ese ayuntamiento dedicó el año pasado un trabajo individual, específico. Ahora, aprobado en una sesión del Tribunal de Cuentas celebrada el pasado 29 de abril, se eleva a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria y a los plenos de las entidades locales para que sea tenido en cuenta.
Reclamaciones
El Tribunal detalla en su informe cómo se han producido cada una de las sentencias de derribo de los cinco municipios cántabros (Argoños, Arnuero, Piélagos, Miengo y Escalante) y explica que tras estas decisiones judiciales se han producido reclamaciones por parte de los afectados a sus ayuntamientos por responsabilidad patrimonial.
Estas reclamaciones, indica el Tribunal, fueron primero desestimadas por los municipios y el Gobierno de Cantabria y, hasta la fecha, la Justicia ha rechazado el pago de indemnizaciones por la pérdida de las viviendas, pero sólo hasta que se cumplan los derribos. Lo que sí han hecho ha sido aceptar la concesión de compensaciones por daños morales.
Una vez analizado el proceso, concluye que, «de llevarse a cabo la ejecución de estas sentencias, podrían generarse en los ayuntamientos unos desequilibrios financieros a los que difícilmente podrían hacer frente».
En relación al proceso iniciado por el Parlamento de Cantabria, en la búsqueda de una salida a la problemática de las casi seiscientas familias afectadas, el Tribunal entiende que «esta medida debería ir dirigida a la posible subsanación de los requisitos formales o de procedimiento, las indemnizaciones por responsabilidades, la posible legalización de inmuebles y el asesoramiento a las personas afectadas».
Nuevos planeamientos
El informe, que llega a analizar todas y cada de las diferentes situaciones en las que, en cada municipio, se encuentran los planes urbanísticos, lanza otro aviso a navegantes e insta al Gobierno regional a que facilite el proceso de adaptación de los planes municipales. Es claro y se permite recordar que para poder alcanzar ese objetivo debe producirse un impulso en la aprobación de los instrumentos de ordenación y de protección del medio ambiente que compete a la Administración regional, como el Plan Regional de Ordenación del Territorio y las Normas Urbanísticas Regionales.
Fruto de ese análisis de la situación actual, el Tribunal de Cuentas concluye que los actuales planeamientos del litoral de Cantabria responden a un modelo de sociedad y a una utilización del suelo muy diferente, aunque añade que en los años en los que lleva sin actualizarse el ordenamiento se han ido aprobando modificaciones puntuales para facilitar infraestructuras, construir viviendas sociales o adecuar estos planes a la normativa de protección ambiental. El Tribunal de Cuentas explica que «en ninguna» de estas modificaciones se aumentó la edificabilidad prevista en el ordenamiento vigente.
En otro de sus capítulos, recomienda a los ayuntamientos que tienen en proceso de elaboración sus planes generales que determinen «de forma más específica» el motivo de los contratos que firman con empresas, todas ellas externas, a las que hasta octubre de 2009 los 34 municipios sin planeamiento habían abonado 8,5 millones de euros, 2,7 millones sólo por parte del Ayuntamiento de Santander.
