Antonio Vilela, presidente en funciones de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) seguirá al frente del colectivo. Ayer renunció oficialmente al cargo, tal como había anunciado, en la junta ordinaria que se celebró en Argoños. Pero dimitió con él, en cascada, toda la junta directiva y, ante el vacío de poder que se generaba, el hasta ahora número uno de la asociación optó por continuar. Al menos hasta el próximo 13 de junio, fecha en que está convocada la Asamblea General de AMA.
De no presentarse entonces una candidatura alternativa al grupo dirigente actual, los miembros de éste prorrogarán su mandato «aunque ampliándose el número de personas que integran la junta». De 21 socios que la forman ahora se pasará a 32, informó Vilela. «Porque necesitamos más gente. Hay mucho trabajo por delante».
Y es que a la organización no dejan de abrírseles nuevos frentes. En la reunión de ayer se trató, por ejemplo, del «rumor» que circula sobre que el Ejecutivo regional podría estar planteándose crear una 'ecotasa' -un nuevo impuesto que tendrían que pagar todos los cántabros- para ayudar a sufragar los 300 millones de euros que costarán las indemnizaciones por los derribos de viviendas que están pendientes de acometerse en la región.
Sin confirmar
«Esto de la 'ecotasa' no lo tenemos confirmado, directamente, por ningún miembro del Gobierno», avisó ayer el portavoz. «Pero ya es motivo de preocupación para nosotros saber que se está valorando imponer una tasa a los ciudadanos para pagar algo que la Administración ha hecho mal. No queremos, en ningún caso, que se cree un impuesto y se ligue a nuestra reivindicación. Ahora, en este contexto de crisis económica que está golpeando a todo el mundo, no estamos para noticias de este tipo».
De modo que la asociación emitió un comunicado, tras el encuentro, como aviso a navegantes. Lo que quieren es que el Gobierno regional convoque la Comisión de Seguimiento de sus asuntos «y lleve al Parlamento de Cantabria un texto que dé solución a las viviendas» que están condenadas a caer. Todo lo que distraiga a los gobernantes de estas prioridades, a los afectados, les sobra.
Manifestación el día 13
En la misma reunión, a la que acudieron unas 400 personas, se decidió que también el 13 de junio se celebrará una manifestación en Argoños para pedir que se garantice el patrimonio de todos los afectados. Como es conocido, la asociación argumenta que los compradores de viviendas en situación administrativa irregular no tienen por qué pagar los platos rotos de una mala gestión de las administraciones (ayuntamientos y Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo) en cadena.
También se harán concentraciones todos los jueves ante la sede del Gobierno de Cantabria, en coincidencia con el Consejo de Gobierno. «Necesitamos que nos vean, que sepan que seguimos aquí y que nos tienen que dar una solución. Porque somos muchos y el problema es grave: la mayoría de los afectados tienen más de 60 años. La gente, en la etapa de jubilación, no se merece pasar lo que está pasando».
