Desde hace más de una década, concretamente desde 1998, Cantabria cuenta con su propia Ley de Patrimonio Cultural. En estos doce años la realidad del Patrimonio Cultural, entendido en sentido amplio, ha evolucionado a un ritmo más lento que la propia sociedad cántabra: conciencia del patrimonio, valoración del mismo, importancia de su conservación... Desgraciadamente, aunque la legislación así como su normativa de desarrollo, establecen herramientas teóricamente apropiadas para la gestión del mismo, o éstas han demostrado no ser las adecuadas o desde su aprobación las instituciones públicas competentes, tanto Gobierno como Entidades Locales de Cantabria, no han sabido llevarlas a cabo de forma eficiente.
Como ciudadanos no podemos ser ajenos a que, en este como en tantos otros temas, tenemos unos derechos y unas obligaciones. Entre los primeros está el exigir una eficaz gestión por parte de la administración. Entre las segundas colaborar con ella en el objetivo, como establece la legislación, de «lograr la protección, conservación, conocimiento y difusión del mismo, así como su investigación garantizando su uso como bien social y desarrollo sostenible para Cantabria».
De esta manera, desde la Sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Cantabria, que representa a más del 90% de los arqueólogos profesionales, estamos concienciados en este sentido, por lo que públicamente mostramos nuestra disposición de colaboración con la Consejería de Cultura ejerciendo las funciones que ésta nos pudiera encomendar, así como cualquier otra actividad solicitada de cara a fomentar la defensa, protección y valoración del Patrimonio Arqueológico.
En este sentido el colectivo de profesionales dedicados a la arqueología de gestión nos exigimos, a través de la aprobación del Código Deontológico de la profesión, un compromiso con el Patrimonio Arqueológico, con la propia disciplina científica, con los colegas, con quienes contratan nuestros servicios profesionales, con las instituciones que los patrocinan, con las administraciones públicas, con la sociedad que nos rodea y con el medio ambiente. Pero también exigimos que la administración cumpla con las obligaciones establecidas por la legislación y las haga cumplir a todos por igual.
Es por ello que desde hace casi dos años, estamos trabajando en varios frentes:
- El reconocimiento del ejercicio libre de la profesión de arqueólogo como actividad profesional diferenciada.
- La representación de los arqueólogos, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y frente al intrusismo, asumiendo la Sección de Arqueología su representación, gestión y defensa de sus intereses legítimos.
- Promover la creación de un marco legal que defienda la profesión de arqueólogo y el patrimonio arqueológico en general y el de Cantabria en particular.
- Promover la participación de la Sección de Arqueología en los Organismos consultivos de la Administración, así como en todas aquellas en que su presencia fuese solicitada.
- Informar a las instituciones de las necesidades que se hayan detectado para el correcto funcionamiento de la actividad profesional, así como denunciar aquellos hechos que puedan atentar contra la integridad del Patrimonio Cultural.
- Aprobación del Código Deontológico de la profesión de arqueólogo a nivel nacional.
- Divulgar, a través de los medios de comunicación social y de los que la propia Sección de Arqueología establezca, cualquier aspecto referente al Patrimonio Arqueológico.
Para poder lograr dichos objetivos, en un marco de diálogo permanente, hemos solicitado la colaboración de la Consejería de Cultura de cara a erradicar la competencia desleal y el ejercicio irregular de la profesión, exigiendo a los distintos departamentos del Gobierno de Cantabria, que se cercioren de que los proyectos que incluyan información arqueológica estén avalados por un profesional cualificado y colegiado. No en vano nuestro colectivo ha logrado el reconocimiento por parte de la Consejería de Cultura de la obligatoriedad de estar colegiado en alguno de los CDL de España para poder ser habilitado como profesional para ejercer la arqueología preventiva, algo que resulta preceptivo precisamente para el ejercicio profesional según se establece en la Ley 1/2001 de Colegios Profesionales de Cantabria, y refrendado en la recién aprobada Ley 17/2009 de 23 noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Consideramos también imprescindible, como la propia Dirección de Cultura ha reconocido, la presencia de un representante del Colegio en las distintas Comisiones de Patrimonio puesto que la mayoría de los temas tratados en dichas comisiones están relacionados con la Arqueología de Gestión.
En tercer lugar compartimos con Cultura la necesidad de elaborar una nueva legislación autonómica en materia de patrimonio adecuada a los tiempos y que solucione las carencias y contradicciones existentes en la actualidad especialmente en materia de arqueología preventiva.
Es de todos conocido que uno de los mayores impactos sobre el Patrimonio Arqueológico está provocado por la ejecución de infraestructuras. Solamente el control arqueológico de las obras permite prevenir y controlar dichos impactos tal como recoge la Ley.
Sin embargo la realidad es otra: nos encontramos que en la mayor parte de los casos los promotores, bien la propia administración bien empresas privadas, consideran la contratación de un arqueólogo profesional una imposición, además de un gasto superfluo, y no como una obligación legal, por lo que se posicionan tanto en contra del Patrimonio Cultural como del arqueólogo profesional.
Desde nuestra corporación estamos convencidos de que la solución pasa porque la propia Administración, como promotor, incluya en sus proyectos las partidas correspondientes en materia de prevención arqueológica y las dote económicamente de forma adecuada como sucede en otras autonomías. De hecho así se lo estamos haciendo ver a los responsables de las instituciones cántabras (ordenación del territorio, medioambiente,.). Este cambio de mentalidad facilitará la valoración del arqueólogo como profesional de la arqueología con titulación superior reconocida, desarrollo curricular suficiente, inscrito en colegio oficial profesional, que ha tenido que ser habilitado por la Comisión de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la propia Consejería de Cultura. Desde estas líneas, como corporación de servicio público, además de reiterar nuestro compromiso, no sólo profesional sino también social, con el Patrimonio Cultural del que nos sentimos parte responsable, consideramos ineludible la puesta en marcha de políticas culturales que acerquen el Patrimonio a la sociedad como medida efectiva de conocimiento, valoración y en definitiva para su conservación. En esta tarea siempre estaremos dispuestos a colaborar.
