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TRIBUNA LIBRE

Gracias, Angela Merkel

Lo drástico de las primeras medidas adoptadas ha dejado al descubierto la dimensión de la crisis a la que nos enfrentamos y el hecho de que nos va a afectar a todos

05.06.10 - 00:30 -
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El murmullo en la calle se va tornando más nítido cuando en la radio comienza a sonar un tema de los 80. Son las siete de la mañana y empieza un nuevo día: ducha, café, prensa.... Parece un día cualquiera, pero no lo es. El mundo ha cambiado, o al menos España sí lo ha hecho. El 21 de mayo de 2010 un terremoto de enorme magnitud sacudió nuestro país, llevándose por delante, entre otros, la máxima de que un funcionario tenía garantizada una renta de por vida, que en términos nominales sólo podría crecer o excepcionalmente mantenerse. Pero, ¿qué puede haber llevado a un Gobierno a tomar decisiones tan drásticas?
Algunos tertulianos reconvertidos en expertos economistas han hablado estos días de una posible quiebra del Estado, probablemente buscando un término impactante aunque erróneo: una quiebra se declara cuando las deudas de la empresa, o en este caso el Estado, superan a sus activos. Pero son tantos los activos que posee el Estado español que ni siquiera se ha planteado por ahora vender ni sus autovías u otras infraestructuras públicas, ni el Museo del Prado ni ninguna región española a un Estado extranjero al estilo de Rusia con Alaska.
El problema que realmente nos ocupa es la posibilidad de que nuestro país se declare en suspensión de pagos, esto es, que se vea obligado a posponer el pago de sus deudas y que sin ser necesariamente irresoluble como una quiebra es un problema gravísimo, ya que su sola mención deja al deudor fuera de los mercados financieros: nadie va a querer prestarle dinero a quién puede tener problemas para devolverlo, y si lo hace demandará un interés muy elevado que le compense el elevado riesgo de incumplimiento.
La débil posición española no se puede achacar, sin embargo, a su deuda pública nominal ya que está entre las más bajas de la UE (un 53% del PIB) siendo menos de la mitad que la griega. Preocupa al analista en mayor medida el rápido deterioro de la deuda (nuestros gastos superan en un 11% a los ingresos), pero ni siquiera esto es un elemento distintivo: Reino Unido, Irlanda y Grecia superan los niveles españoles. Los determinantes de la situación española no se encuentran, por tanto en las estadísticas oficiales sino en los graves problemas estructurales consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria y la exposición a ésta de entidades financieras, en una administración de justicia con un grado de politización creciente, un sistema educativo errático, una administración ineficiente y desproporcionada, un sistema político que no está a la altura de los logros alcanzados por el país y una no menos importante crisis de valores que ha hecho posible todo lo anterior.
Súmense las obligaciones asumidas por el Estado al margen de su sistema presupuestario en lo que han dado en llamarse los pasivos contingentes del Estado (garantías estatales a los depósitos bancarios, ingeniería utilizada en la financiación extrapresupuestaria de nuevas inversiones, sostenimiento futuro de pensiones y gasto sanitario, garantía implícita al sistema financiero) que han añadido una notable incertidumbre sobre la situación real de las finanzas públicas.
La situación es realmente difícil, pero aunque pueda sorprender al profano, no es nueva. Hace casi un año publiqué en estas mismas páginas el artículo 'La japonización de España', en el que se reclamaba la acción de nuestros gobernantes y alertaba del riesgo de enquistamiento de la crisis. No obstante y en contra de lo que se pudiera pensar, la situación actual presenta síntomas claramente positivos.
Por una parte la presión internacional, los «malvados» especuladores y los titubeos de la canciller alemana Angela Merkel han exigido una respuesta gubernamental que toda presión interna había sido incapaz hasta ahora de conseguir. ¡Gracias, Angela! La crisis es al fin objeto de encendido debate público y la aceptación de la realidad es el primer paso para su solución. Lo drástico de las primeras medidas adoptadas ha dejado al descubierto la dimensión de la crisis a la que nos enfrentamos y el hecho de que nos va a afectar a todos. Cuanto antes lo asumamos mejor.
El Banco de España se ha animado por fin a forzar la consolidación del sector financiero en lo que a Cajas de Ahorro se refiere y ha rectificado en el caso de las provisiones para cubrir el riesgo inmobiliario, limitando así la demora en su cobertura. La reducción salarial en la Administración Pública ha forzado un incremento de productividad por la vía coste: la más rápida y la más tosca. Esperemos que el imprescindible incremento de la eficiencia permita recuperar el poder adquisitivo. Parece que hay indicios razonables de que finalmente la reforma laboral se llevará a cabo sin más dilación. Los cambios que se acometan podrán hacer más sostenible un Estado de bienestar adelgazado de grasa, aunque por supuesto en el proceso de cambio habrá múltiples presiones para desmantelarlo.
La inminente aprobación de la nueva ley contra la morosidad limitará discrecionalidad y corruptelas por parte de las administraciones públicas y puede constituir un auténtico revulsivo para las pymes, muy superior a una ineficaz financiación directa a pymes por parte del ICO, quién carece de estructura para llevarla a cabo.
Por último la depreciación del euro es también una muy buena noticia para la competitividad de las exportaciones españolas convertidas en tabla de salvación de muchas empresas en una tendencia que la subida del IVA no hará sino potenciar.
Las principales sombras las encontramos en un Gobierno en situación de interinidad después de un giro de 180 grados en su política económica (suponiendo que antes la hubiera) y en una oposición cuya credibilidad ha perdido enteros al preferir jugar el papel del populismo al liderazgo de la responsabilidad.
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:: JOSÉ IBARROLA

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