Después de tres años y medio de protesta sostenida, el grupo de argentinos que mediante guardias permanentes mantiene día y noche cortado un acceso terrestre hacia Uruguay se apresta a levantar hoy la medida de fuerza. El gesto se suma al nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países que intentan escribir los presidentes.
La disputa surgió a raíz de la instalación en Uruguay de una fábrica que produce 3.000 toneladas de pasta de celulosa sobre un río compartido con Argentina. El Gobierno argentino apeló a la Corte Internacional de La Haya y el tribunal se pronunció este año mediante una sentencia salomónica. Los magistrados admitieron que las autoridades de Montevideo incumplieron con su obligación de informar debidamente de las obras a su vecino. Pero indicaron que la fábrica no contamina.
Ahora, después del fallo de La Haya, el Gobierno de Cristina Fernández considera que la protesta no se justifica. El desafío es el control argentino-uruguayo de la calidad del agua y el aire. Para Buenos Aires, la fiscalización debe incluir a la instalación misma, un avance que genera resistencia en Montevideo. José Mujica, presidente de Uruguay, coincide con la necesidad de vigilancia, pero quisiera que abarque también a empresas del lado argentino e incluso de Brasil.
