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La lucha de Juana

02.07.10 - 00:10 -
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Paco, mete agua en el climatizador que el niño pasa calor». Arrecia la canícula en Madrid y Juana no deja de mirar a su hijo. El 'niño', su pequeño, es Antonio Meño, 42 años, 1,80 de estatura, 90 kilos. Antonio sigue atento el Alemania-Ghana del Mundial de Sudáfrica en una minúscula tele instalada sobre tres cajas de zapatos. No ve, pero se entretiene. Una rinoplastia le dejó en coma vegetativo hace 21 años, cuando era un joven dicharachero y aventurero, con toda la vida por delante y que sólo quería arreglarse la nariz. Juana Ortega se acuerda bien de aquel día, del momento en el que una frase del cirujano le arrebató su vida para siempre. «Antonio no se despierta de la operación, vamos a intentarlo más tarde». Nunca más lo hizo. Era 3 de julio de 1989. No había caído todavía el muro de Berlín y en la clínica Nuestra Señora de América, en la lujosa calle Arturo Soria de Madrid, se levantaba otra pared, igual de ignominiosa y vergonzante, que aún no se ha derrumbado para los Meño Ortega.
La perseverancia de Juana, 64 años, panadera de profesión, ha mantenido viva la llama todo este tiempo. Su dura mirada lo dice todo. Tira del carro y no entiende la palabra rendirse. Ni ahora, ni hace 21 años, cuando comenzó su particular batalla con la Justicia para que le reconozca que el coma de su 'niño' fue provocado por un error médico. Una presunta negligencia del anestesista que ha dejado a Antonio con una minusvalía del 96% y postrado en un camastro en el que lleva la mitad de su vida.
En una caseta en la calle
La esperanza de Juana se juega en los tribunales... y a diario en la calle. Hace un año y dos semanas acampa ante una sede del Ministerio de Justicia, en la castiza plaza de Jacinto Benavente, cerca de la Puerta del Sol. Desayuna, come, cena y duerme en una caseta que levantó su marido Paco y su cuñado. Un habitáculo con tarima enmoquetada, armazón metálico y tela aislante, que forma parte del paisaje de la plaza y atrae la atención de madrileños y turistas.
Pero Juana no está sola. En estos 379 días en la calle -de un invierno terrible de lluvias y nieve a los casi 37 grados de ayer- le acompaña su 'niño'. En el interior hay espacio para la cama de Antonio y un colchón para ella. Completan 'el mobiliario' un cámping gas, una caja con comida, dos garrafas de agua de diez litros, sillas plegables, la imagen de La Milagrosa y una mesa de campo en donde exhibe recortes de prensa, sentencias, el libro de su abogado y un bloc de firmas. Ha recogido 200.000 desde que comenzó su periplo judicial y cada 10.000 rúbricas recopiladas acude en persona al Congreso de los Diputados con la esperanza de que atiendan su caso en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Su perseverancia no acaba ahí. Ha ido dos veces a la tele; ha mandado cartas al Rey, a Zapatero y a Rajoy. En ellas les cuenta cómo las diferentes instancias judiciales no sólo no han reconocido que el coma de Antonio fue un error médico, sino que el Tribunal Supremo le obligó a pagar 300.000 euros en 2008 por las costas del pleito, más otros 100.000 euros de multa por no poder hacer frente a la cuantía.
«Querían embargar mis bienes, mi casa. Hace tiempo que dejé de creer en la Justicia, en los políticos, en las buenas intenciones. De las autoridades me contestaron el Rey y Zapatero. Los dos me dijeron que al tratarse de un asunto judicial no podían hacer nada. Todo quedó en agua de borrajas», cuenta Juana mientras se acomoda en una silla de cámping, estira las piernas y se atusa su pelo canoso. «¿Para qué sirve creer?», se pregunta una y otra vez. «¡Y mira que yo tenía fe en la Justicia, no lo sabes bien!», replica.
Paga y calla
Tras la condena del Supremo llamó a la puerta de Avinesa (Asociación de víctimas de negligencias médicas) en busca de protección legal y la respuesta, recuerda, fue dura y escueta. «Juana, paga y calla», le dijeron. Visitó varios abogados; nada. Se ofrecieron otros muchos, pero cuando conocían el caso huían. No existían pruebas que confirmasen que se trató de un error médico. «Fue un momento extremo en el que podía haber hecho una locura, que es lo que hubieran querido, pero decidí no darles esa alegría», confiesa.
La firmeza de tantos años, su inquebrantable constancia buscando justicia tuvo su recompensa una tarde del pasado febrero. Un hombre muy arreglado se acercó a la caseta y le soltó a Juana lo siguiente: «Si no se hace justicia en la tierra, se hará justicia divina». Ella le respondió: «Yo quiero que se haga justicia en la tierra». Se trataba del doctor Ignacio Frade, testigo de la operación de Antonio aquel 3 de julio de hace tres décadas. El médico había perdido la pista del caso cuando conoció que un tribunal de primera instancia había condenado al anestesista, a la clínica y a la aseguradora a pagar 175 millones de pesetas a los Meño Ortega. Pero no supo que aquellos recurrieron y fueron exonerados en sucesivas instancias. El doctor acudió al abogado de la familia y declaró que el anestesista no se encontraba en el quirófano cuando la máquina que medía el ritmo cardiaco de Antonio se detuvo. Estaba con otra operación.
«La versión que contaron al juez es que Antonio se atragantó y se le salió el tubo. Pero ahora se puede demostrar que mintieron para salvar al anestesista», cuenta Juana. La declaración del doctor Frade ha dado un giro al caso ya que una vez conocido su testimonio, la Fiscalía del Supremo ha pedido la reapertura y un tribunal de lo civil acaba de admitir la demanda y ha dado tres semanas a las partes para tramitar sus alegaciones. Van a revisar el caso. «Cuando me llamó el abogado para contármelo se me disparó la tensión. Estaba dispuesta a llegar hasta el final, pero ahora sólo quiero poner fin a esta injusticia y derribar esta chabola para siempre. Ese día brindaré con cava», exclama Juana mirando a su pobre hijo tirado en el camastro. Aunque a Antonio nadie le despertará de su letargo, la perseverancia de su madre, toda una madre coraje, ha inundado de esperanza una casucha donde ahora hay más vida que nunca.
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