«La vida ha de entenderse como un derecho, no como una obligación». Así de tajante se mostró ayer Luis Montes, presidente de la Asociación Morir Dignamente. Defendió la autonomía del ciudadano para «gestionar su propia vida» en la conferencia que cerraba la semana de actividad del seminario 'Implantación de procesos de seguridad clínica: su dimensión jurídica y asistencial al inicio y al final de la vida', dirigido por la subdirectora de Desarrollo y Calidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud, Felisa Lois Cámara.
Montes, también médico del Servicio de Anestesia del Hospital Severo Ochoa, animó a «hacer un análisis de la realidad, democrática, en lo que se supone que el ciudadano es el centro del sistema, y donde la libertad para decidir sobre su propia vida o muerte debe ser intrínseca», defendió antes de concretar.
Despenalización
«El debate tiene que finalizar con la despenalización del suicidio asistido y la eutanasia activa», puntualizó recordando la reciente aprobación en el Parlamento Andaluz de la ley que permitirá a los pacientes rechazar cualquier tratamiento que prolongue su vida de forma artificial. Y recordó iniciativas similares que comienzan a escucharse en otras cámaras autonómicas.
Felisa Lois trasladó el caso al territorio regional. «En Cantabria contamos con elementos lo suficientemente sensibles para comenzar a trabajar en una reflexión que podría conducir a un debate más profundo en el que decidir sobre la garantía y seguridad de que los ciudadanos puedan elegir el modo en el que quieren morir». La aprobación de una futura ley sería el final del camino, en el que la subdirectora del servicio abogó por incrementar la participación del paciente. «Salvando las diferencias que en las decisiones surgirán cuando choquen los diferentes criterios planteados por los pacientes, por un lado, y los profesionales de la salud, por el otro. Aunque la salida será siempre apostar por la evidencia científica cuando haya alguna duda», aseguró.
