No habrá vuelta atrás. «Como ciudadano libre que es puede decir lo que considere oportuno, pero sabrá perfectamente que el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ), a la vista del auto de apertura del juicio oral en uno de los procedimientos contra él en el Tribunal Supremo, acordó la suspensión provisional de sus funciones como medida cautelar». Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, respondía ayer de soslayo a las insinuacciones del juez Baltasar Garzón sobre su deseo de regreso a la Audiencia Nacional.
Declaraciones de tono semejante «sólo entorpecen el clima de tranquilidad y seriedad con el que deben trabajar los magistrados de este país», concretó bravo en la presentación del seminario 'La crisis de la Justicia en España', celebrado durante esta semana en La Magdalena. Un título oportuno a la vista del revuelo mediático levantado en torno a temas controvertidos: aborto, memoria histórica, estatuto, etc.
«No se entiende muy bien por qué desde el minuto cero en que un juez se hace cargo de un tema de interés general se le estigmatiza con el emblema de progresista o conservador», desaprobó la vocal del CGPJ en referencia directa a la politización que adquiere cualquier procedimiento. «Es algo que oscurece la imagen de los jueces, que trabajan y resuelven desde criterios jurídicos y no ideológicos, desde el más estricto respeto al principio de legalidad», proclamó, quizá demasiado dirigida por el discurso institucional, la responsable del CGPJ. Lo hizo eludiendo las batallas partidistas que, en cada nueva renovación de los magistrados, se libran en los despachos.
«El consejo quiere garantizar una Justicia mejor organizada, con procedimientos más rápidos, y un sistema de educación que actualice la formación de los jueces acorde con las tendencias seguidas en toda Europa», ahondó en su reiterado lanzamiento a la piscina con flotador.
Ruido mediático
«No existe presión alguna a los jueces de este país. Sí hay cierto ruido mediático; pero son lo suficientemente fuertes, responsables e independientes como para no dejarse influenciar por ninguna voz que venga de fuera», explicó al tiempo que incrementaba su descontento con los titulares «que muchos medios de comunicación utilizan para convertir los casos en armas políticas».
Desde su postura como responsable del CGPJ, Bravo invierte el argumento y afirma: «En lugar de tachar de ideológica cualquier medida adoptada frente al poder político, debería verse en estas acciones la salud de la democracia, en la que el poder judicial seguirá velando por el buen funcionamiento del resto», argumentó. Algo para lo que se plantea necesaria una mayor transparencia. Y entroncó con la reciente apertura de puertas del Poder Judicial a la sociedad «a través del Congreso de los Diputados y el Senado, que son las salas donde están representados. Desde ahí lanzaremos ese mensaje de tranquilidad para que nuestras decisiones sean respetadas».
