Claro y contundente. El presidente de Cantabria mostró ayer su «oposición frontal y rotunda» a la posible retirada de las instalaciones existentes en la playa de El Puntal, tanto los dos chiringuitos como el embarcadero. De esta forma, Miguel Ángel Revilla enmendó la plana a su propio Gobierno y en particular a la Consejería de Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Biodiversidad (PRC), que es la autora del informe que dictamina que los servicios existentes en el arenal de El Puntal deben desaparecer y se muestra incluso contraria a una nueva concesión por parte de Costas.
El presidente regional fue un poco más allá en su firme oposición a la retirada de esos servicios. De ahí que anunciara que hará «absolutamente todo lo que esté en mi mano» para garantizar la continuidad de las infraestructuras al considerar que son básicas, ya que «dan vida a la playa y permiten su disfrute por parte de miles de cántabros cada año».
En este ocasión, Miguel Ángel Revilla quiso que su pronunciamiento constara por escrito y lejos de hacer una declaración verbal hizo público un comunicado oficial. En él explica que conoce a la perfección el servicio que realizan desde hace muchos años los encargados de ambos chiringuitos, no sólo facilitando la llegada de bañistas a la playa sino desarrollando una gran labor de mantenimiento del arenal. Según las tesis del presidente cántabro, «sin esa plataforma -en alusión al embarcadero- sólo habría una playa desértica a la que únicamente se podría acceder en barco privado». De ahí que el objetivo sea mantener las instalaciones y los servicios «para que todo el mundo que lo desee pueda disfrutar de El Puntal».
Desde la presidencia del Ejecutivo se precisó que el apoyo a estas infraestructuras no es nuevo y ya quedó plasmado a la hora de redactar el Plan de Ordenación del Litoral (POL) aprobado en septiembre de 2004, que 'salva' a las instalaciones no desmontables preexistentes en playas rurales si están amparadas por concesiones previas. Revilla apuntó que ese es el caso de El Puntal.
A juicio del presidente cántabro, y líder del PRC, las instalaciones «no atentan en ningún caso contra nada sino que, por el contrario, hacen accesible y apta para el disfrute una playa que sin esas instalaciones estaría prácticamente desierta». Mantiene que debe ser compatible preservar el medio natural y permitir que todos los cántabros «pueden seguir disfrutando de ese arenal». «Soy el primero en desearlo», explicó en la notificación oficial difundida ayer.
En lo que supone también otra disparidad interna en el seno del Gobierno, el presidente apuntó que existe un informe favorable al mantenimiento de dichas infraestructuras emitido por la Dirección General de Protección Civil de la Consejería de Presidencia. Un pronunciamiento que además ha tenido una materialización práctica ya que Protección Civil ha alcanzado un acuerdo con el propietario del segundo chiringuito para utilizar la instalación como almacén para el material de salvamento y socorrismo del que está dotado el arenal.
Lo que no se desveló ayer es qué acciones propiciará el presidente regional para dejar sin efecto el informe de la Dirección General de Biodiversidad o posibilitar la redacción de un nuevo documento favorable a la continuidad de las instalaciones.
A las voces críticas contra la supresión de los servicios se unieron ayer las de los socialistas de los municipios de Ribamontán al Mar y Marina de Cudeyo. Las agrupaciones del PSOE de ambos municipios se pronunciaron a favor del mantenimiento del embarcadero y los chiringuitos porque entienden que «es posible hacerlo desde el respeto a la ley». Pidieron, además, «sensibilidad» para abordar el caso teniendo en cuenta las especiales circunstancias que le rodean.
Los portavoces de los grupos socialistas en los dos ayuntamientos, José Luis Aja (Ribamontán al Mar) y Pedro Pérez (Marina de Cudeyo) se reunieron el sábado para analizar el informe de Biodiversidad. En un comunicado conjunto señalan que el POL preserva los recursos turísticos y de ocio de la playa de El Puntal.
Aunque consideran que «es evidente que la zona reúne unas características que hacen imprescindible su protección», entienden que «no es incompatible en absoluto la protección del medio con la situación actual».
«Un acceso público a la zona es precisamente lo que debe garantizar la protección de la misma y además entendemos que las instalaciones no son más perjudiciales que la actividad portuaria o de recreo particular del entorno», remacharon.
