Aunque nadie quiere cantar victoria aún, todo apunta a que el Gobierno regional ya ha encontrado una vía para salvar el embarcadero y los dos chiringuitos de El Puntal de Somo. El presidente, Miguel Ángel Revilla, reconoció ayer que su Gobierno tiene «instrumentos» para evitar que estas estructuras desaparezcan. Según ha podido saber este periódico, el Ejecutivo se amparará en el interés público que suponen estas instalaciones para salvaguardarlas.
Y es que sobre la mesa de la Dirección General de Costas hay en este momento un informe de la Consejería de Ganadería (concretamente de la Dirección General de Biodiversidad) que pide la eliminación de las infraestructuras y que no se las otorgue una nueva concesión, ya que las considera incompatibles con la protección exigible para El Puntal como Lugar de Interés Comunitario (LIC), regulado por la Directiva europea 92/43/CEE.
La clave de la solución llegará en el examen de la petición de nuevas concesiones (las actuales caducaron en 2008) cuyas solicitudes por parte de los propietarios de los dos chiringuitos y embarcadero está examinando Costas. Es entonces cuando a la Dirección General de Biodiversidad llegará una petición para que elabore un nuevo informe, documento que para mantener las instalaciones deberá ser diferente al que ha provocado la actual crisis. «Biodiversidad emitirá el informe preceptivo y seguro que vamos a ser capaces de encontrar la manera de compatibilizar ese uso público con la conservación del espacio», auguró ayer el consejero de Ganadería, Jesús Oria.
Lo que dice el POL
Miguel Ángel Revilla mantendrá hoy junto a los consejeros Oria y Mediavilla una reunión con los afectados y los alcaldes de Ribamontán al Mar y Marina de Cudeyo. Allí se explicará la estrategia del Gobierno, basada en dos puntos. Por un lado en el Plan de Ordenación del Litoral (POL), que define a este arenal como una «playa rural» y que en el artículo 40.4 indica que «en las playas semirrurales y rurales no se permitirán nuevas instalaciones no desmontables dentro de la playa o en las dunas. No obstante, esta limitación no regirá para las instalaciones amparadas en concesiones preexistentes, que se regirán por lo establecido en la Ley de Costas». Ese es el caso de El Puntal.
Por otra parte, el Ejecutivo también recurrirá a la propia normativa europea, que, como ya adelantó ayer este periódico, permite en un lugar LIC el desarrollo de un proyecto, aunque tenga un informe medioambiental negativo, si dicha iniciativa cuenta con «razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones sociales o económicas».
En apoyo de este interés social de las instalaciones de El Puntal el Gobierno dispone de un acuerdo entre la Consejería de Presidencia y el segundo chiringuito del arenal. En agosto de 2009 se estableció que parte de las instalaciones de este restaurante serán utilizadas para guardar los útiles del Servicio de Salvamento y Socorrismo que presta el Consistorio de Ribamontán al Mar en colaboración con Protección Civil. La razón de este acuerdo se basa en que entre los puestos de socorrismo y el núcleo úrbano más cercano (Somo) hay unos 1.600 metros de distancia.
Además, Protección Civil alega interés por el mantenimiento de esta infraestructura porque sirve de refugio a los usuarios de la playa cuando se producen galernas, tormentas típicas y poco predecibles de los meses de verano.
Por lo demás, los chiringuitos proporcionan servicios de baño y aseo a los usuarios, ya que la playa carece de ellos.
Revilla ratificó ayer que se trata de unas instalaciones con «verdadero» interés general y de «utilidad pública», por lo que se mostró «totalmente de acuerdo» con que no desaparezcan, algo que, a su juicio, sería un «error total».
En cuanto a la reunión de hoy con los afectados, agregó que, «sin duda», se tratará de buscar una solución que haga posible la preservación ambiental de El Puntal con la conservación de estas instalaciones «que prestan servicio a miles y miles de ciudadanos», sobre todo de Santander, apuntó.
Pero también dejó claro que no tiene «absoluto poder» sobre la Administración regional y que hay otros órganos con capacidad de decisión que elaboran sus propios informes que, en algunas ocasiones, han parado la ejecución de algunas carreteras.
De acuerdo con Revilla
El consejero de Ganadería, que hasta ahora había guardado silencio sobre un asunto que atañía directamente a su departamento, se mostró «totalmente de acuerdo» con los razonamientos de Revilla. Oria señaló que, además de conservar esas «infraestructuras», utilizadas por miles de personas, hay que «luchar por conservar la biodiversidad de ese espacio natural».
Recordó que fue el propio Gobierno de Cantabria quien propuso su declaración como LIC, dentro de la Red Natura 2000, por lo que «tenemos la obligación de salvaguardar ese espacio natural y también buscar la manera de que esas infraestructuras sigan funcionando».
