En el auto en el que ordena la paralización de las obras de las 51 viviendas, el juez Acayro señala que la documentación obrante en este caso pone de manifiesto numerosos indicios de trato de favor a los promotores, especialmente los administradores de Urdicam. «A la condición de amigo y asesor jurídico del secretario municipal con los administradores de Promociones Cotolino y Urdicam, así como las distintas relaciones mercantiles, laborales o beneficios económicos directos que han obtenido determinados concejales, se puede apreciar que se incorporan nuevos acuerdos municipales que ponen de manifiesto el conocimiento de ilegalidad, la participación directa de una nueva concejala con interés directo en la misma así como una figura clave en el entramado como es el notario Graiño Ferreiro», señala el instructor.
Luis Acayro Sánchez sostiene que este notario, a pesar de no tener competencia, al prestarse a hacer un escritura (de las 51 viviendas) a modo de 'pacto de caballeros' entre promotores-alcalde-secretario «sólo puede tener la finalidad de que se garantiza su aprobación a pesar de las ilegalidad».
