Nueva paralización de viviendas en Castro Urdiales. El magistrado Luis Acayro Sánchez ha ordenado a la empresa Proconor 2000 que abandone de manera inmediata los trabajos de construcción de 51 viviendas en la zona de Santa Catalina, junto al polideportivo Pachi Torre. La medida cautelar se mantendrá hasta que finalice la instrucción. Se trata de la segunda orden de paralización en lo que va de semana. La Guardia Civil de Castro ordenó el lunes por la tarde a los responsables de la empresa Azagra que abandonasen los trabajos de construcción de otras 81 viviendas que se levantan a unos metros de la promoción de Proconor 2000, junto al colegio de Santa Catalina.
En un auto al que ha tenido acceso este periódico, el juez Acayro asegura que la licencia de obra concedida por el alcalde de Castro, Muguruza, «no tiene el informe jurídico que exige el artículo 4 del reglamento de disciplina urbanística que avale que se ajusta a planeamiento». Además, el instructor asegura que se ha realizado una permuta que también infringe toda la normativa aplicable y «ha podido ocasionar un perjuicio mínimo al Ayuntamiento de Castro Urdiales de 282.000 euros en beneficio exclusivo de la promotora Urdicam». Pero Acayro va más allá en sus conclusiones. Dice que la gestión urbanística en Castro Urdiales ha estado caracterizada por «la infracción sistemática y flagrante de la legalidad tal y como se desprende del informe del Tribunal de Cuentas que motivó la apertura de la causa principal y esta pieza separada».
La urbanización en la que se construían las 51 viviendas paralizadas se ubica en la unidad de ejecución 1.26. Según señala el juez, en esa zona estaba prevista la construcción de una piscina cubierta, zonas de esparcimiento, otra instalación deportiva en la parcela no recibida de otra unidad de ejecución próxima y un teatro «más o menos en condiciones». No obstante, con la apertura de un vial general encima de las viviendas, sin compensación alguna, «ya no cabe el teatro al haberse fraccionado el terreno de tal manera que impiden instalaciones de calidad y reglamentarias».
Cinco informes negativos
El magistrado Acayro culpabiliza de esta situación al alcalde Muguruza. Dice que no hizo caso a los cinco informes de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) advirtiendo de la ilegalidad de la actuación. «Tampoco se publicó la modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) incumpliendo otro trámite esencial para evitar publicidad y posibles recursos. No había informes de los servicios técnicos municipales que avalen tales actuaciones, ni informe jurídico que avale la licencia en la que se basa la promotora». El instructor también destaca el «grave perjuicio» producido al municipio o la «clara connivencia entre el alcalde, el secretario y promotores, acudiendo previamente a un notario que ha actuado, cuanto menos, con falta manifiesta de competencia».
Acayro hace referencia a varias unidades de ejecución de esa zona, entre la que se encuentra la 1.34, por la que fueron detenidos varios constructores hace más de un año. «En las unidades de ejecución 1.34, 1.33 y 1.26 es denominador común el modo de actuar y las consecuencias manifiestamente perjudiciales para el municipio. Es decir, existencia de informes negativos y vinculantes que advierten de posibles ilegalidades, burla por parte de responsables municipales, connivencia con promotores y perjuicio manifiesto para el municipio». Según el juez, esa zona en conjunto estaba destinada a ser el centro deportivo, cultural y de ocio del municipio, «que debía dar respuesta a parte de las carencias dotacionales manifiestas que padece».
