El Gobierno dio ayer luz verde al proyecto de ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición que prohíbe la venta y exposición en el ámbito escolar de alimentos y bebidas -como bollos, refrescos, golosinas y chucherías- que no cumplan con una serie de criterios nutricionales, que se establecerán reglamentariamente. Cuando este texto alcance rango de ley, muchos de los bollos y 'chuches' que estaban hasta ahora al alcance de los niños en las escuelas les estarán vetados. La nueva normativa vigila muy de cerca que no puedan venderse productos para menores con altos contenidos en grasas, azúcar o sal. Se alude por ello a la industria alimentaria que, según el proyecto, tendrá, por ejemplo, que minimizar la grasas trans.
Y es que la composición de los alimentos y la alimentación en el entorno escolar es una cuestión primordial de la futura ley. Por eso, propone una serie de medidas concretas, por ejemplo sobre las grasas trans producidas en las operaciones industriales y que han demostrado ser perjudiciales para la salud. Así, el texto establece la obligación de las industrias de utilizar tecnologías e ingredientes que minimicen el contenido de dichas sustancias en la cadena alimentaria. Eso obligará a las empresas a modificar los procesos en los que los alimentos se enriquezcan con estas sustancias dañinas para la salud.
En cuanto a la alimentación en el ámbito escolar, la ley promueve que la oferta alimentaria de los centros educativos sea «variada y adecuada» a las necesidades nutricionales de los alumnos. Para ello, señaló la ministra Trinidad Jiménez, los responsables de la supervisión de los menús serán profesionales acreditados en las áreas de nutrición y dietética. Los centros escolares proporcionarán a los padres información detallada sobre los menús y directrices para que la cena sea complementaria.
En las instalaciones que lo permitan, se elaborarán menús escolares adaptados a las necesidades especiales de los alumnos que padezcan alergias e intolerancias alimentarias. Y no se permitirá en el ámbito escolar la venta de alimentos y bebidas que no cumplan con los criterios nutricionales que se establecerán reglamentariamente.
Red de laboratorios
El proyecto de la nueva norma contempla, además, la creación de la denominada Red Española de Laboratorios de Control Oficial de Seguridad Alimentaria, que se convertirá en la 'gran vigía' en lo que concierne a la vigilancia de todo el proceso relacionado con los alimentos. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, presente en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, remarcó que este texto, que ha sido consensuado a lo largo de un año con todos los sectores implicados, «pone fin a la dispersión de la normativa existente». También expresó que el nuevo marco legislativo «aborda de manera integral» la seguridad alimentaria desde el proceso de producción hasta su llegada al consumidor, al tiempo que refuerza sus instrumentos de «control y vigilancia».
Subrayó Jiménez que la red de laboratorios permitirá un mayor control de «la vigilancia, coordinación y cooperación» de las distintas administraciones ante cualquier tipo de alerta alimentaria.
La ley define por primera vez un sistema de información homogéneo en seguridad alimentaria (coordinado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN) para el intercambio de datos entre profesionales, investigadores y administraciones, así como para facilitar los conocimientos más avanzados en la materia. También se introduce por primera vez en la legislación nacional la prohibición de discriminación por razón de obesidad o sobrepeso, resaltó la ministra. Una cuestión nada baladí.
