El protocolo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) falló en el acto de nombramiento de la ex ministra de Chile, Michelle Bachelet, como Doctora Honoris Causa, al relegar al presidente Miguel Ángel Revilla a la primera fila de autoridades y excluirle de la mesa presidencial. Lo dice Gerardo Correas Sánchez, director general de la Escuela Internacional de Protocolo, con sede en Madrid, y una de las primera autoridades del país en esta materia.
El incidente protocolario provocó la espantada del jefe del Ejecutivo, que no acudió al acto académico al entender que la UIMP «despreció» a Cantabria. Pero el episodio ha trascendido el mero desencuentro protocolario y la propia vicepresidenta Dolores Gorostiaga, socia de Gobierno de Revilla, entró en liza para censurar públicamente la postura del presidente. El último en terciar en la polémica ha sido el portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, quien, en su blog, critica severamente la actuación de la UIMP.
Pero, más allá de las opiniones de los políticos, ¿qué dicen los expertos en protocolo, una materia reglada, tanto a nivel estatal como autonómico? Gerardo Correas Sánchez es el director general de la Escuela Internacional de Protocolo, el organismo más importante en este ámbito que existe en España. Lo tiene claro y no deja lugar a dudas. La UIMP se equivocó. «Debió haber previsto dos presidencias: Una, sólo académica, y junto a ella otra de carácter político, donde se situaran las máximas autoridades asistentes al acto, con el presidente de Cantabria a la cabeza».
Dice Correas que el presidente de Cantabria «es el más alto representante del Estado en la comunidad autónoma» y, como tal, «se le deben aplicar las normas de protocolo y precedencias vigentes». Se refiere al Real Decreto 2099-1983, que regula el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, en el que los presidentes de las autonomías figuran entre las autoridades de mayor rango.
En el caso de la entrega del doctorado de la UIMP a la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el experto subraya que se trataba de un «acto no oficial», al que Revilla fue invitado por la institución universitaria, con lo que debió aplicar la norma protocolaria. En este contexto, Correas aclara que «el doctorado se otorga a una ex presidenta de Chile por parte de una institución con sede en Cantabria y, siguiendo la norma protocolaria, es la máxima autoridad de esta comunidad y, como tal, se encarga de presidir, dirigir y representar las relaciones políticas de la comunidad con otras autoridades del Estado, países o regiones».
No le sirve al experto la justificación dada por la UIMP. Esta institución apeló a que se trataba de un acto eminentemente académico, con presidencia igualmente académica. «Si fuera así, tuvo que ser en su totalidad», matiza Gerardo Correas, que censura la presencia de «una autoridad del Gobierno central (la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega), encargada de leer la 'laudatio' de la ex presidenta chilena». A su juicio, aunque acudió como madrina de Bachelet, «no se puede desligar su condición de vicepresidenta del Gobierno». Por eso, desde el punto de vista protocolario, la UIMP debió haber tenido en cuenta «la existencia de una presidencia sólo académica y, junto a ella, otra de carácter político, donde se situaran las máximas autoridades asistentes al acto, con el presidente de Cantabria a la cabeza».
Opinión bien distinta es la de la jefa de protocolo del Parlamento vasco, Elena López de Aretxabaleta, quien sostiene que «cada entidad privada tiene su propia organización, que hay que respetar». López comenta que «cuando la Universidad del País Vasco (UPV) organiza un acto académico, sigue su propio protocolo y siempre lo preside la autoridad académica, nunca los políticos. Nunca ha habido problemas porque es algo asumido por todos».
Pero como el protocolo no es ciencia exacta y lo que se escribe se lee, en Cantabria existe una amplia bibliografía sobre el ceremonial en acto público. En el 'Manuel práctico para conocer las normas básicas del protocolo de uso diario', Miguel del Río Martínez, se recuerda que «el presidente de Cantabria, como primera autoridad regional, preside todos los actos a los que sea invitado, o forma parte de la presidencia del acto. En los actos no oficiales, donde se invita al presidente de la comunidad, el anfitrión del mismo cederá la presidencia a la autoridad de mayor rango».
En la controversia ha mediado el regionalista Rafael de la Sierra, quien asegura que en este caso «lo institucional se imponía a lo académico, por lo que era obligado respetar la prioridad y la preeminencia institucional».
