Los sindicatos franceses marcaron este martes un hito en la lucha contra la reforma de las pensiones al reunir a más de dos millones y medio de personas, según sus cálculos, en dos centenares de manifestaciones organizadas en todo el país. El Gobierno de Nicolas Sarkozy, que contabilizó más de un millón de manifestantes, defendió el retraso de la edad mínima de jubilación hasta los 62 años desde los 60 actuales, punto central del proyecto, pero se mostró abierto a concesiones en cuestiones marginales como las carreras largas o los trabajos penosos. Con los transportes, la educación y otros servicios públicos muy afectados, las centrales sindicales ganaron el desafío de superar la movilización callejera del 24 de junio último cuando dos millones de personas, según los convocantes, desfilaron en contra de la iniciativa emblemática de la segunda mitad del mandato de Sarkozy.
«Era el objetivo y el Gobierno no podrá hacer como si nada», declaró el secretario general de la CGT, Bernard Thibault, durante la manifestación de París, que reunió entre 80.000 y 270.000 personas, según las fuentes, el doble que en la convocatoria precedente.
En España, los paros obligaron a cancelar 61 vuelos con Francia y causaron retrasos y suspensiones en otras rutas.
Tras el éxito de la jornada de lucha, una reunión intersindical examinará este miércoles las nuevas etapas de la movilización con el objetivo de influir en el debate parlamentario iniciado ayer en la Asamblea Nacional (cámara de los diputados). Pero Jean-Claude Mailly, el secretario de Fuerza Obrera, tercera central del país, ya ha adelantado su oposición a convocar una huelga general pues «en Francia tiene una connotación muy especial, un lado insurreccional».
Mientras el clamor social era ensordecedor en las calles, el primer ministro, Francois Fillon, reiteró en el hemiciclo la necesidad de la reforma para garantizar la financiación de las pensiones. Según cálculos independientes, si no se hace nada, el déficit del sistema sería de 50.000 millones de euros anuales en 2020. «Es justo una cuestión demográfica», argumentó Fillon.
