Miguel Antonio Corchero Alvarado, el empresario promotor del fallido centro de atención telefónica ('call center') de Torrelavega, no se presentó ayer al juicio celebrado en el Juzgado de lo Social número 1 de Santander, en el que las 57 personas que contrató y despidió a las pocas semanas, le reclaman una indemnización y los salarios que les adeuda, cantidades que oscilan entre los 6.300 y 23.000 euros por trabajador.
El empresario se encuentra en paradero desconocido desde que se destapó el escándalo en los primeros días del pasado mes de junio. Tal es así que, como carece de domicilio conocido, para la vista celebrada ayer fue citado mediante edictos.
Lo que comenzó como un proyecto laboral que ilusionó a 57 personas -algunas incluso dejaron su puesto de trabajo para incorporase a la nueva empresa- terminó ayer en el juzgado, donde la totalidad de la plantilla reclama a Corchero Alvarado una indemnización por despido improcedente y los salarios que les adeuda. Pero el demandado hizo mutis por el foro y, como era de esperar, no se presentó. Si es declarado insolvente, cosa más que probable, será el Fondo de Garantía Salaríal (Fogasa), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, quien abone parte de las cantidades reclamas. Sin embargo, el representante legal del organismo público se opuso al pago al entender que no existió relación laboral entre Corchero y los demandantes. «No había empresa, no había empresario, no existía local para la prestación efectiva de los servicios, ni material para ello», enfatizó el letrado, argumentos que fueron replicados por los despedidos.
