El anuncio del Gobierno de que en 2011 sólo podrán endeudarse los ayuntamientos que mantengan su endeudamiento por debajo del 75% de los ingresos no ha sido bien digerido por el Ayuntamiento de Santander, que ha recibo con alarma la medida.
La modificación del Ministerio de Economía y Hacienda sorprendió al alcalde Íñigo de la Serna en la Feria de Muestras de Valladolid, por lo que ayer fue la concejala de Hacienda, Ana González Pescador, quien arremetió contra la restricción ministerial, una prohibición «tremendamente injusta» que viene a «engrosar el conjunto de agravios» hacia los consistorios.
No en vano el de Santander, con un 80,5% de endeudamiento, será el único ayuntamiento de Cantabria que no podrá pedir créditos en 2011, año de elecciones municipales, y esquivar así la prohibición que impuso el Gobierno en mayo, al incumplir los requisitos exigidos.
Si el Gobierno de Zapatero pretendía calmar la ira de muchos alcaldes al abrir el grifo del crédito para el año próximo, en el de Santander, gobernado por el PP, ha levantado ampollas, porque su deuda le condiciona y seguirá sin poder recurrir a los préstamos para aliviar sus problemas de liquidez. «El Estado castiga con nuevas y drásticas prohibiciones hasta ahogar a determinados ayuntamientos», acusa la responsable de Hacienda.
Por eso, con el alcalde fuera de la capital, la edil se vio obligada a salir a la palestra y mostrar su rechazo a la modificación. Sostiene González Pescador que el nuevo criterio de Economía supone un «castigo» que puede llegar a «ahogar a determinados ayuntamientos». Argumenta que el peso de la deuda de los ayuntamientos representa solo el 6,2% del endeudamiento de las administraciones públicas en España, mientras que la de las comunidades autónomas alcanza el 15,4% y la del Estado, el 78,4%. Dice la concejala que la deuda de los ayuntamientos, cifrada en un total de 34.594 millones de euros, es «irrelevante» en el conjunto de la deuda pública española, por lo que el límite impuesto por el Gobierno para 2011 «puede considerarse contrario a la autonomía financiera de las corporaciones locales».
La modificación de Economía sirvió también a Pescador para atacar al Gobierno regional, al que acusó de no apoyar económicamente a la Administración santanderina. «A pesar de esa falta de ayudas», la edil recordó que el Ayuntamiento «ha conseguido reducir el nivel de endeudamiento en 14 puntos y aproximarse a la cifra del 75%».
La ocasión le vino que ni pintada al PSOE para reprochar al alcalde De la Serna, a través de su secretaria general en Santander, Eugenia Gómez de Diego, que haya situado a la ciudad «entre las capitales más endeudadas de España».
Los requisitos para acceder al crédito sólo dejarán fuera al Ayuntamiento de Santander. Los grandes ayuntamientos de la región podrán beneficiarse de la apertura del grifo del crédito, porque su nivel de endeudamiento se lo permitirá, aunque sus responsables hablan con cautela de la medida.
En Torrelavega, la alcaldesa, Blanca Rosa Gómez Morante, señala que en el Ayuntamiento «se ha hecho una buena gestión económica, por lo que el endeudamiento es del 45%». El concejal de Hacienda, Aurelio Ruiz Toca, asegura que el Consistorio tiene una «banda de endeudamiento importante», aunque evitó hacer una valoración hasta no conocer los cambios de la normativa. Sí advirtió de la existencia de otra ley, aprobada durante los gobiernos de Aznar, que limita la financiación de los ayuntamientos y que les impide acudir a préstamos que superen la amortización de la deuda, que en Torrelavega suele ser de tres millones de euros al año.
En Piélagos, el alcalde, Jesús Ángel Pacheco, aseguró que el Ayuntamiento podría acogerse a la nueva medida, ya que su nivel de endeudamiento oscila entre el 30 y el 32% sobre unos ingresos anuales de 12 ó 14 millones de euros. Sin embargo, cuestionó el criterio estatal, ya que «son los ingresos de un ayuntamiento los que limitan un crédito, no el porcentaje fijado».
El Ayuntamiento de Laredo es una excepción, ya que en los últimos tres años no ha pedido nuevos créditos y se ha dedicado a amortizar las deudas que arrastraba de ejercicios anteriores. En estos momentos su deuda es de cinco millones de euros en un presupuesto de 22 millones, situación que le permitiría ir a nuevas líneas de crédito por valor de 10 millones.
En Castro Urdiales, el concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López, dice que la situación económica es «holgada y favorable», con un 40,4% de deuda (doce millones) sobre unos ingresos de 31 millones, aunque no descarta pedir más dinero. Guriezo no tiene ningún crédito bancario.
Noja, con un 37% de deuda, es el único ayuntamiento cántabro que ha confirmado a este periódico que sí va a solicitar nuevos créditos «para acometer obras imprescindibles para el municipio».
El Ayuntamiento de Santoñano se endeudará más porque «no lo necesitamos», aseguraron desde el equipo de gobierno.
Sin embargo, Bezana podría reabrir el grifo del crédito en 2011. Con unos ingresos que superan los ocho millones de euros, su deuda es del 20%, muy por debajo del límite fijado por la ministra Salgado.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Reinosa estudiará si acude a nuevas vías de endeudamiento «cuando se negocien los presupuestos, antes de que finalice el año». El concejal de Economía y Hacienda, Justino Carrera, es consciente de que la situación económica le permite incrementar su deuda, ahora situada en el 12,5% de sus ingresos, pero la decisión se tomará en el trámite presupuestario.
Sin problemas con los bancos está también el Ayuntamiento de Cartes (un 20% de endeudamiento). El alcalde, Saturnino Castanedo, señaló que «el gasto corriente está cubierto con los recursos ordinarios», pero «podríamos recurrir a un endeudamiento para alguna actuación interesante».
La alcaldesa de Los Corrales de Buelna, Mercedes Toribio, está a la espera del informe del Servicio de Intervención, si bien explicó que «hay medidas contradictorias en el acuerdo, porque, por ejemplo, a nosotros nos bastaría con que no se hubieran reducido los ingresos por los tributos del Estado para capear este mal momento».
