Los propietarios del Hotel Suances, un establecimiento hotelero que fue clausurado hace cuatro años por tratarse de una edificación ilegal, han perdido la última batalla judicial, en la que había en liza nada más y nada menos que 13 millones de euros. En contrapartida, el Ayuntamiento se salva de una ruina segura.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 ha rechazado la reclamación patrimonial presentada por la familia González González, propietaria del establecimiento, contra el Ayuntamiento de Suances, a quien responsabilizó de los perjuicios causados por otorgar una serie de licencias (de obras, primera ocupación, etc.) para construir el edificio, que luego fueron anuladas por los tribunales.
La propiedad pidió una indemnización millonaria a la administración municipal (13 millones de euros) que, de haberse estimado, le hubiera dejado en bancarrota. Pero el Juzgado ha rechazado la demanda al estimar que los propietarios negociaron con el Ayuntamiento el convenio urbanístico, cuya anulación derivó en la sentencia de derribo parcial del inmueble, y, por tanto, «conocían o podían haber conocido» que su legalidad «era muy discutible».
La familia argumento que era «inexperta» en asuntos urbanísticos, pero el magistrado José Ignacio López Cárcamo apunta que fue corresponsable del desenlace judicial. No obstante, la sentencia no es firme y será recurrida por los demandantes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
La historia de este largo litigio, con ramificaciones políticas ya que determinó que el entonces alcalde, Francisco Javier Gómez Blanco (PRC), no volviera a presentarse a la elecciones, comenzó en 2001. Ese año el Consistorio y la propiedad del hotel firmaron un convenio urbanístico en virtud del cual la familia González cedió al Ayuntamiento una parcela de 4.000 metros cuadrados en el pueblo de Hinojedo, que fue destinada a la construcción de un pabellón polideportivo y una plaza pública, también con sentencia de derribo. A cambio, transfirió la edificabilidad de la finca a otra en Suances, donde se construyó el hotel de cinco estrellas, el tercero de Cantabria, con 99 habitaciones.
Esa ampliación de la edificabilidad derivada del convenio urbanístico posibilitó la concesión de la licencia de obras y otras posteriores. Un vecino de la localidad, Leopoldo Pérez del Olmo, inició una cruzada judicial contra este proyecto, que concluyó con la anulación del convenio y de las sucesivas licencias por un exceso de volumetría. El hotel lleva cuatro años clausurado. Se ha salvado de la piqueta, pero sólo podrá ser reabierto con 30 habitaciones y la parte inferior convertida en soportales. La propiedad dice que este conflicto urbanístico le está llevando a la ruina.
