El concurso eólico regional, contestado desde sectores ecologistas y conservacionistas asociados en la plataforma CORE, el Partido Popular y la organización ADIC, próxima a los postulados del PRC, ha salvado el primer obstáculo judicial.
Un auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha denegado la suspensión cautelar del concurso público para la asignación de la potencia eólica en Cantabria, petición que había solicitado la asociación ecologista ARCA dentro de la tramitación del recurso que interpuso en esta misma Sala contra el Plan Eólico. La sola convocatoria de un concurso eólico no puede producir daños irreparables en el medio ambiente, dice la magistrada Teresa Marijuán, corrigiendo a los ecologistas de ARCA. De este modo respalda, al menos en este punto, la tesis gubernamental.
Aunque la resolución judicial no entra en el fondo del asunto, la magistrada sostiene que la convocatoria recurrida no causa en sí misma perjuicios medioambientales, como alegó ARCA en su petición cautelar. La ponente va más allá y destaca que «existe un interés general real» en el desarrollo de esta energía «con beneficio para todos los ciudadanos».
El pasado mes de marzo, la asociación ecologista impugnó ante los tribunales el concurso eólico y reclamó su anulación. Previamente lo había hecho el Ayuntamiento de Liérganes. ARCA sostenía que este concurso suponía sembrar Cantabria de molinos de viento, con un daño grave e irreparable para el medio ambiente. Además alegó que colisionaba con el actual Plan Energético Regional (Plenercán). Así, argumentó que el Plenercán establece que la potencia eólica a instalar en Cantabria es de 300 megavatios en tres zonas de la región, mientras que el concurso eólico impugnado contempla 1.400 megavatios en siete zonas.
Ante el supuesto carácter irreparable de los daños que el concurso podría causar en la región, el colectivo ecologista solicitó a la Sala de lo Contencioso Administrativo la paralización cautelar el concurso eólico, en tanto el tribunal dictamina sobre la cuestión de fondo.
Pero su petición ha resultado baldía. La magistrada ponente ha entendido perfectamente el procedimiento seguido por el Gobierno regional para ordenar la oferta en el sector de la energía eólica, en el que se distinguen dos fases -una primera, el concurso para la adjudicación de la potencia, y la segunda, que contempla ya la construcción, instalación y puesta en marcha de los parques eólicos-, todo ello gracias a las cautelas legales que introdujo en su día el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla. La asociación conservacionista fundía ambas fases en una, de la que derivaba heridas irreparables para el medio ambiente. Sin embargo, el auto judicial replica a ARCA que no ha concretado los supuestos daños para el medio ambiente, ni las repercusiones negativas para personas y bienes, en tanto que considera que sí existe un «interés general real de aumentar la potencia eléctrica de Cantabria, con beneficio para todos sus ciudadanos».
Respecto a los supuestos incumplimientos del Plenercán, la magistrada asegura que no es el momento procesal para pronunciarse, aunque avanza que la vigencia de dicho plan termina en 2011, y sus previsiones pueden ser modificadas en el futuro.
