La cuarta sesión de trabajo del grupo de técnicos y políticos a los que el Patronato de Altamira les ha encargado una valoración sobre el estado de conservación de la cueva y la viabilidad de recuperar las visitas a partir de los informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se celebró en la tarde de ayer en el Ministerio de Cultura. La misma fue muy técnica y volvieron a aflorar las discrepancias entre dos sectores bien definidos. A su término no hubo comunicado oficial, imponiéndose de nuevo un silencio y un secretismo que en todo lo relacionado con la conservación de Altamira ha marcado desde hace años la estrategia del Ministerio y del propio Museo.
Por un lado, los representantes del Gobierno de Cantabria -el director de Cultura, Justo Barreda; el director de las cuevas prehistóricas, Roberto Ontañón; y el arqueólogo Marcos García-, así como el de la Universidad de Cantabria -el catedrático de Prehistoria Manuel R. González Morales-, insistieron que de los informes del CSIC no se debe inferir que la cueva no pueda bajo ningún concepto reabrirse de una manera muy controlada y con un régimen de visitas muy estricto y limitado. Por otro lado, los representantes del Ministerio -la directora de Bellas Artes y Bienes Culturales, Ángeles Albert; Felipe Criado, del CSIC pero nombrado por el Ministerio; y el propio José Antonio Lasheras, director del complejo Altamira- cerraron sus posiciones con argumentos que maneja el CSIC sobre que la cueva como mejor está es cerrada. Completa la comisión, el representante de la Fundación Botín, Julio Novo, que no es un técnico en la materia aunque en su momento fue responsable del Consorcio creado para construir la neocueva.
Crítica a las excavaciones
Uno de los puntos ácidos del debate fue cuando los representantes de la Consejería de Cultura recriminaron al Ministerio que se hayan realizado excavaciones arqueológicas en la boca de la cueva. En este punto todas las miradas se dirigen al director del Museo, Lasheras, principal impulsor y director de los trabajos arqueológicos, que además no han contado con la preceptiva autorización del Gobierno de Cantabria y nunca se ha apoyado en los científicos de la propia Consejería o de la Universidad.
