Ahora sí. El resultado del concurso eólico promovido por el Gobierno de Cantabria ya es una realidad legal. El consejero de Industria, Juan José Sota, extendió ayer su rúbrica en la resolución que da validez final al proceso concursal y eleva a definitivas las adjudicaciones anunciadas hace ya más de cinco meses, en concreto el 18 de junio. Con su decisión, los grupos a los que se les ha asignado una potencia eólica pueden iniciar el proceso que les llevará a instalar en Cantabria distintos parques eólicos. Ha sido y es un camino complejo, cargado de filtros jurídicos y medio ambientales; una carrera que obligatoriamente irá acompañada del desarrollo de diversos proyectos industriales vinculados a la innovación.
Si se cumple en su totalidad el plan, la potencia final instalada en las siete zonas eólicas de la región ascenderá a 1.336 megavatios. Una posibilidad que los expertos no contemplan ya que se estima más que probable que los propios grupos adjudicatarios descarten parcialmente algunas de las áreas asignadas por imponderables técnicos, financieros (elevados costes) y medio ambientales.
La resolución del resultado del concurso se produce cinco meses después de que fueran dados a conocer los grupos 'agraciados' con la asignación de potencia. El fallo se hizo público el pasado 18 de junio. De los siete grupos adjudicatarios, cinco están vinculados a Cantabria y los otros dos son líderes mundiales en la producción de energía eólica. Los adjudicatarios son Iberdrola Renovables, EDP Renovables, Banco Gallego-IHA, Engasa-Jealsa-Glezco, Banco Santander-Sniace, Ascán-Apia XXI y EON Renovables.
Desde esa fecha inicial hasta llegar a la resolución definitiva los responsables y técnicos de la Consejería de Industria han tenido que sortear una compleja maraña administrativa y obligatoria (informes, confirmación de propuestas, presentación de avales...). Tampoco ha estado exento de problemas jurídicos. Pese a que se ha desestimado la petición de ARCA de suspensión cautelar del concurso (no se entró en el fondo de la cuestión), aún está pendiente el recurso del Ayuntamiento de Liérganes.
Próximos pasos
El próximo paso será la inmediata reunión con los responsables de la Consejería. Con su titular Sota al frente, las siete empresas adjudicatarias analizarán con los responsables del Gobierno el desarrollo del plan. Y es que desde que se conoció la identidad de los beneficiarios del concurso, la actividad no ha cesado. Tal y como es preceptivo por ley, el Gobierno regional se ha dirigido a todos y cada uno de los adjudicatarios para que éstos muestren su conformidad con el procedimiento y su resolución y, lo que es más importante, ratificaran todos los compromisos asumidos con la concesión. El proceso, en palabras del Gobierno cántabro, es sencillo: cada empresa debía ratificar por escrito sus propuestas, no sólo de desarrollo de la potencia eólica adjudicada sino de los planes industriales de I+d+i.
Ese paso también venía recogido en el pliego del concurso. Se establecía que una vez conocidos los adjudicatarios, éstos deberían ratificar la aceptación por escrito y depositar una fianza que se fijó en 25.000 euros por cada megavatio. Globalmente se adjudicó una potencia de 1.336 megavatios, por lo que la cuantía de las fianzas asciende a 33,4 millones de euros.
Los siete grupos empresariales ya han iniciado también el desarrollo de lo que serán sus futuros parques eólicos. Un trabajo en el que tendrá que volver a realizar múltiples mediciones de la intensidad del viento en cada zona.
En la actualidad, los adjudicatarios han confirmado que ya se están redactando todos los proyectos, en estrecha colaboración con la Dirección General de Industria y la sociedad pública Genercán. Se estima que en unos 10-12 meses finalizará todo este proceso. Será a partir de esa fecha cuando se inicie toda la tramitación administrativa, jurídica y medioambiental de cada uno de los futuros parques eólicos. Todos ellos deberán someterse, parcial y globalmente, a la declaración de impacto ambiental. La suma de las inversiones previstas por los siete grupos empresariales supera los 2.000 millones de euros.
Se prevé generar unos 4.200 puestos de trabajo (entre empleos directos e indirectos), tanto con la construcción de los parques eólicos como con el desarrollo de los proyectos industriales incluidos en las distintas ofertas. Aunque la situación económica es adversa, desde el Ejecutivo regional se está intentando que alguna de las iniciativas industriales pueda anticiparse e iniciar su construcción a principios de 2011, lógicamente antes de que se inicien los trabajos de los parques eólicos. Un intento que también tiene un claro componente electoral para poder 'presentar' un balance positivo en materia de energías renovables y creación de empleo. Incluso, por parte de la Consejería de Economía, a través de Instituto Cántabro de Finanzas, se han buscado fórmulas que coadyuven a la financiación de los proyectos. El proceso es tan real como imparable. Esa es la tesis que defiende el Gobierno de Cantabria a la hora de evaluar el concurso eólico adjudicado.
Federación de Municipios
La Federación de Municipios de Cantabria debatirá hoy una propuesta para solicitar al Gobierno que desarrolle planes especiales para obtener ingresos en los ayuntamientos donde no se vayan instalar parques eólicos. La presidenta de la FMC, Blanca Rosa Gómez Morante, explicó que la propuesta fue aprobada por la Ejecutiva el pasado 3 de noviembre por unanimidad y tiene por objeto sensibilizar sobre «la situación de los municipios rurales».
