El empleado de la empresa concesionaria del servicio de aguas del Ayuntamiento de Santander, Aqualia, acusado de falsificar las cédulas de habitabilidad necesarias para el alta de los contratos, negó ayer ante la Audiencia de Cantabria que entre 2005 y 2006 pidiera a los usuarios dinero a cambio de «favores», como los ha definido una testigo que ha relatado que le dio unos 300 euros.
El procesado, L.R.S., se enfrenta a una petición de penas de prisión de ocho años por delitos de falsificación de documento público y de cohecho, mientras que su defensa ha pedido la libre absolución al considerar que las únicas pruebas son «un fax y unas cuantas fotocopias».
En su declaración ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, el acusado sugirió que los testigos que sostienen que les pidió dinero para solucionar problemas de tramitación en la gestión del agua pudieron estar «inducidos». En el juicio se estudió la situación de cuatro usuarios.
