Pepín Pérez Samperio arrastra a una de las ovejas preñadas que aparecieron muertas, al parecer, por ataque de los lobos. :: FACUNDO FLORES
En lo que va de año el Gobierno de Cantabria lleva recibidas 173 reclamaciones de ganaderos por daños inferidos a sus cabañas por otros animales depredadores. El sector culpa a los ataques de los lobos la práctica totalidad de las bajas producidas en sus rebaños, especialmente ovinos, pero la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad no tiene tan claro que siempre sea así.
En realidad, los ataques han sido muchos más, pero los productores a veces ni siquiera presentan la queja por el tiempo y el trabajo que supone localizar las pruebas de los animales abatidos, por ejemplo, en los puertos de montaña donde pastan sus rebaños, para que luego sus reclamaciones no sean admitidas. Las últimas mortandades de ovejas destaparon de nuevo la controversia sobre quien es responsable de la pérdida económica que supone la muerte por agresión de una res.
El director de Gabinete de Desarrollo Rural, Esteban Ruiz, dice que los ataques a rebaños se deben, «generalmente», a la acción de perros cimarrones (animales que habiendo sido domésticos vuelven al estado salvaje). Aunque en la mayor parte de las denuncias se culpa al lobo, es la Consejería la que, tras abrir expediente, hace las pertinentes indagaciones, y si los daños han sido causados por este animal, los propietarios reciben la indemnización que corresponda.
Sin compensación
Si se demuestra que las muertes son atribuibles la acción de perros asilvestrados no se recibe compensación. En todo caso las indemnizaciones se pagan sólo si las muertes se localizan dentro del límite geográfico de la Reserva Regional de Caza del Saja.
De los 173 expedientes tramitados desde enero, con sus respectivas reclamaciones económicas, más de la mitad no han sido atendidas «por haberse tratado de acciones de animales no protegidos». Este año el mayor número de demandas, 135, se han presentado por potros muertos por ataque de animales salvajes, de los cuales, se han pagado 89 a una media de 360 euros por pieza. 45 demandas más no han recibido ayudas.
Además, se han tramitado 47 reclamaciones por muerte de ovejas, de las que 29 no han sido atendidas, y el resto, 18, le han supuesto a la Consejería de Desarrollo un desembolso de 1.719 euros. Han sido gestionados seis expedientes por yeguas muertas, de las que sólo se han pagado dos, a 900 euros cada una de ellas.
De la reclamación por muerte de 36 terneros sólo se pagaron diez por un importe total de 4.328 euros y 26 han quedado sin indemnizar al no justificarse que se tratara de alguno de los supuestos contemplados por la Consejería. Por muerte de novillas se han presentado dos expedientes de los que se ha atendido solamente uno, 630 euros.
La Dirección General de Biodiversidad -que es la responsable de los expedientes- sólo reconoce los daños a animales que tienen lugar dentro del área geográfica de la Reserva Nacional del Saja, detalla Esteban Ruiz esgrimiendo la Ley de Caza. Fuera de la Reserva, le corresponde a los propietarios de los cotos de caza, siempre y cuando se trate de daños producidos por especies cinegéticas «y los lobos lo son». Por el contrario si el ataque lo producen animales de especies protegidas como, por ejemplo, el oso, se hace cargo Desarrollo Rural.
Más deprisa en 2011
Cuando se certifica que las muertes del ganado se han debido al ataque de animales de especies protegidas se paga, pero no con la celeridad deseada, aunque el departamento que dirige Jesús Oria manifiesta su intención de «imprimir la mayor agilidad posible». A partir de 2011 «se va acelerará notablemente el abono de las indemnizaciones a los particulares».
La Consejería deja claro que «existe un problema» con los ataques al ganado por parte de perros cimarrones y que son «especialmente graves» en zonas como la de Calseca (municipio de Ruesga), donde hace unas semanas aparecieron muertas siete ovejas preñadas. Según la versión de sus propietarios, por acción de los lobos, quienes exhibían para argumentar su idea las huellas y perfiles que habían dejado los animales al entrar en la finca que se encontraba cercada con valla ovejera. Pero Calseca no se encuentra dentro del perímetro de la Reserva del Saja.
La Consejería de Desarrollo Rural puntualiza que, «los perros salvajes a veces tienen, incluso, dueños reconocidos», por lo que el servicio de guardería dependiente de la Consejería tiene un permiso especial para abatirlos si detecta que están produciendo daños. «En cualquier caso no hay indicios fehacientes de que en Calseca los causantes hayan sido los lobos».
Más caros y más baratos
La baremación económica de las especies y razas de la ganadería está bien regulada por el Gobierno regional. Se paga más por animales que tienen 'carta' (inscritos en el libro de registro genealógico) y menos por los que no la tienen. Dentro del ganado ovino se abona, por muerte debidamente justificada, 120 euros por cada carnero (semental) y oveja adulta (hembra), con carta, y 80 euros por los que no la tienen; por cada cordero (crías) se pagan 90 y 60 euros respectivamente. Iguales cantidades se abonan por el ganado caprino.
En cuanto al ganado bovino la lista de indemnizaciones abarca las trece razas que hay en la región. La que mayor valor tiene es la vaca limusina de 18 meses, por cuya muerte se pagan 1.930 euros, y la que tiene menos valor es la res de seis meses de raza mixta por la que se abonan 440 euros.
