La asociación ecologista Arca pedirá a las autoridades que suspendan la captación de agua del pantano del Ebro, como primera medida para el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que declara ilegal el bitrasvase Ebro-Besaya. «Vamos a pedirlo ya, directamente», aseguró ayer el presidente de la organización, Gonzalo Canales, porque «esto no es lo mismo que la Vuelta Ostrera».
Su llamamiento deja claro que, a diferencia de lo que sucedió con la estación depuradora del saneamiento del Besaya, Arca no tiene previsto mantener en suspenso la ejecución de la sentencia sobre el bitrasvase. En el caso de Vuelta Ostrera, los dirigentes de la organización ecologista negociaron esa solución con la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Ahora, no sólo renuncian a ello, sino que, además, han exigido la dimisión del consejero Francisco Martín y la intervención de la Fiscalía.
La suspensión de las captaciones de agua en el pantano del Ebro, de producirse, vaciarían de contenido la Autovía del Agua, según Canales. Parte del agua que transporta por sus tuberías procede directamente de la cabecera del Ebro, por lo que «la Autovía del Agua va a quedar como la tubería del viento». Esa sería una de las principales consecuencias de la sentencia, si finalmente las autoridades políticas de la región deciden atender la petición formulada ayer por la asociación ecologista.
La sentencia dictada por la Audiencia Nacional es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo (TS) y eso es precisamente lo que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) tiene previsto hacer. Por otro lado, los juristas consultados por el Ejecutivo consideran posible subsanar las deficiencias que han dado lugar a la sentencia, es decir, la falta de competencia del órgano que tramitó el estudio de impacto ambiental -debió ser el Ministerio, y no el Gobierno de Cantabria- y el modo en que se hizo tal evaluación.
Más recursos
En su comparecencia ante los medios de comunicación, Gonzalo Canales explicó que, además del recurso fallado por los tribunales, la organización que preside tiene planteado otro. También advirtió de que recurrirán todos los acuerdos que adopten tanto el Gobierno de Cantabria como el Ministerio de Medio Ambiente con el fin de legalizar la situación de esta infraestructura.
Canales habló de «maniobras para tratar de legalizar» y recordó que «hay un recurso vivo en la Audiencia Nacional frente a estas modificaciones».
«La Ley de Aguas dice que para sacar agua de los ríos hay que tener una concesión y el Gobierno carece de concesión», añadió Gonzalo Canales, quien adelantó que «tenemos claro que esto va a tener unas consecuencias importantes».
Críticas a Martín
Pero las palabras más duras de su intervención fueron aquellas que dirigió al consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Francisco Martín, a quien consideró «el gran impulsor» de este proyecto, concebido para conectar las cuencas del Ebro y el Besaya mediante una tubería de conducción de agua de 55 kilómetros de longitud.
«Solicitamos su inmediata destitución por su evidente mal hacer y por su evidente mala gestión», indicó Gonzalo Canales. «No puede ser que un asunto de este calado no tenga consecuencias», añadió.
También pidió «a los ciudadanos de esta región que se manifiesten, que se pronuncien frente a esta clase política, porque esta obra se ha hecho con dinero público». Arca habla de un coste de 69 millones de euros destinado a la ejecución de los trabajos.
«ARCA no es el responsable de estos disparates. ARCA no vulnera la legislación. Los verdaderos responsables de estas sentencias y estos desastres son los políticos, que lo que vienen demostrando es que no les importa el cumplimiento de la ley y, sobre todo, que el medio ambiente no les importa absolutamente nada», concluyó Gonzalo Canales, quien recordó que la sentencia se apoya en sólo dos motivos, pero que existen algunos más que «el juez no entra a valorar, una vez que ha visto los dos primeros».
