Las siete sociedades adjudicatarias del concurso de asignación de la potencia eólica en la comunidad autónoma se han constituido en la Asociación Eólica de Cantabria. De reciente creación, la agrupación tiene como objetivo aunar intereses para «colaborar» con la Administración regional y conseguir así un «mejor desarrollo» del plan diseñado por el Gobierno cántabro, según informó su presidente, Manuel Huerta Terán. Entre los objetivos también está servir de «interlocutor» en todo lo relacionado con la tramitación que culminará con la instalación de parques eólicos en la comunidad autónoma.
De los siete grupos adjudicatarios, cinco están vinculados a Cantabria y los otros dos son líderes mundiales en la producción de energía eólica. Los adjudicatarios son Iberdrola Renovables, EDP Renovables, Banco Gallego-IHA, Engasa-Jealsa-Glezco, Banco Santander-Sniace, Ascán-Apia XXI y E.ON Renovables.
La agrupación está abierta a todas las empresas auxiliares que puedan tener relación con la energía eólica, como son los gabinetes de ingeniería, constructoras, estudios de evaluación de impacto ambiental y arqueológicos.
Los asociados quieren transmitir a la sociedad la trascendencia que para el desarrollo de la comunidad autónoma tendrá la actuación, tanto desde el punto de vista de creación de puestos de trabajo e inversión, como desde el ámbito medioambiental al tratarse de una «energía limpia». Un valor añadido, destacan, son los proyectos industriales y de I+D+i añadidos a los contratos adjudicados, sobre el que ya están trabajando algunas de las adjudicatarias, como es el caso de un proyecto experimental para desarrollar energía mediante biogás por Biocantaber, sociedad formada por Iberdrola Renovables y Ocyener, que invertirá tres millones de euros en Cantabria
Si se cumple en su totalidad el plan, la potencia final instalada en las siete zonas eólicas de la región ascenderá a 1.336 megavatios. Una posibilidad que los expertos no contemplan ya que probablemente serán los propios grupos alos que descarten algunas de las áreas asignadas por problemas técnicos, financieros o medio ambientales.
Los siete grupos empresariales han iniciado ya los pasos previos que permitirán la instalación de sus futuros parques eólicos y han comenzado a gestionar la complicada documentación que se requiere. Entre la más inmediata está el cupo de potencia eólica que debe autorizar el Ministerio de Industria a cada comunidad autónoma.
Se calcula que en unos 10 meses finalizará todo este proceso, con lo que será a partir de 2012 cuando se inicie la tramitación específica de cada uno de los futuros parques eólicos. Todos deberán someterse a la declaración de impacto ambiental. La suma de las inversiones superará los 2.000 millones de euros.
Se prevé generar unos 4.200 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, tanto con la construcción de los parques como con el desarrollo de los proyectos industriales incluidos en las distintas ofertas. Para la Asociación Eólica, la importancia del plan diseñado por el Gobierno lo demuestra que empresas líderes mundiales en energía eólica se han interesado por el concurso.
